A diciembre del año pasado había 79 comunas con decreto de escasez hídrica. Dos millones de chilenos y chilenas tenía problemas de acceso básico al agua. Entre 2014 y 2018 el estado desembolsó 140 mil millones de pesos para pagar el agua que, comprada a privados o a las sanitarias, debía ser entregada periódicamente a cientos de comunidades a través de camiones aljibes.
Pero, a juzgar por el inserto que un grupo de gremios empresariales -incluida la Banca- publicó en 18 diarios del país, el pasado domingo 18 de julio, este no es un dato que preocupe demasiado a quienes están en poder del 90% de los derechos de agua superficiales y el 50% de los subterráneos adquiridos, gratuitamente, tras la dictación del Código de Aguas aún vigente. Hecho entre cuatro paredes, cuando en el país no había Congreso, ni elecciones, ni democracia.
Parece que hemos olvidado los nefastos resultados obtenidos a nivel social y que han repercutido en la credibilidad ciudadana cada vez que los poderes económicos se entrometen en políticas públicas para su beneficio.
No daré legitimidad a empresarios que desean discutir temas ciudadanos y de interés nacional.
El agua debe ser considerada como un bien estratégico. Nuestra región y todo el norte conoce sobre la carencia de agua; el sur está consciente del peligro que están corriendo los glaciares y el planeta conoce la contaminación de nuestros océanos, por lo que no podemos ser indiferentes frente a una escasez inminente de este recurso natural.
El agua es el 70% de la superficie del planeta y un ser humano necesita entre 2 a 5 litros diarios para vivir. En los últimos tiempos estamos siendo testigos de cómo nuestra especie ha ido recapacitando sobre el daño que hemos hecho a las aguas, sobretodo las empresas que usan indiscriminadamente este bien.
Grupos se reúnen para limpiar el fondo marino, organizaciones redactan informes sobre la contaminación de las aguas, pero seguimos sin saber si las nuevas generaciones podrán disfrutar de un vaso de agua dulce.
Ante este escenario nuestra legislación respecto al tema no puede seguir igual. Es nuestra obligación dar como sociedad la sustentabilidad a un recurso que definitivamente es vida.
