En las diversas encuestas y mediciones, la delincuencia ocupa un lugar de privilegio entre las preocupaciones que dicen tener los chilenos. Se aprecia una alta percepción de inseguridad en la ciudadanía. Portonazos, narcotráfico, robos violentos, etc., son frecuentes en nuestros noticiarios. Esta sensación de inseguridad se ve incrementada por hechos como el ocurrido el 21 de junio en Cerro Alegre de Valparaíso cuando, a plena luz del día, alrededor de las 11:45 de la mañana un turista canadiense fue asesinado por dos personas quienes intentaron robarle sus pertenencias. La legítima resistencia de este ciudadano canadiense fue su sentencia de muerte y el inicio de una pesadilla para su familia, lamentable.
Este "escenario de inseguridad", eficazmente nutrido por algunos medios de comunicación, trae aparejado un gran peligro: el populismo penal. Tal como señaló hace unos años atrás el sociólogo polaco Zygmunt Bauman, "como si se tratara de capital líquido listo para cualquier inversión, el capital del miedo puede transformarse en cualquier tipo de rentabilidad, ya sea económica o política".
El contexto social creado a partir del miedo resulta particularmente fecundo para el «populismo penal». Este fenómeno socio-político tiene su origen en este miedo y en las demandas populares, muchas veces irracionales, las que al margen de cualquier consideración jurídica, filosófica, estadística y en forma muy alejada de una perspectiva de derechos fundamentales, puede ser aprovechada por políticos que buscarán réditos fáciles y rápidos. Hay sectores políticos que buscarán aprovechar este temor de la ciudadanía para alcanzar el poder, ofrecerán "mano firme" y leyes que pongan fin de una vez por todas a la delincuencia, proclamarán en sus campañas lo que la población asustada desea escuchar, nos prometerán aumentar las penas, dirigirán su desconfianza a los más pobres (casi nunca a ellos mismos o a quienes los financian) y a los migrantes (sospechosos de delinquir por antonomasia).
Lo más grave es que el populismo penal necesariamente conduce a reducir los ámbitos de libertad de las personas, pone los derechos fundamentales por debajo de otros intereses y termina irremediablemente lesionando nuestra dignidad. La delincuencia debe ser combatida con toda la fuerza del Estado de Derecho, pero sin perder la racionalidad y sin dejar de entender que en esta tarea la única vía no solo es el derecho penal, también la educación y la igualdad de oportunidades han de jugar un rol esencial.
Prof. Jorge Astudillo Muñoz
Departamento de Derecho Público
Universidad Andrés Bello
