Coincido plenamente con lo señalado, hace un par de días atrás, por el Senador José Miguel Insulza en relación a preocuparnos por la salud mental de nuestra Región (Columna de opinión del 7 de mayo en La Estrella) .
Como investigadora, Ariqueña, he podido observar a lo largo de mi trayectoria la carencia de recursos tanto para la asistencia de pacientes psiquiátricos y sus cuidadores, así como para llevar a cabo investigación. Esta última requiere del apoyo de todos los agentes de nuestra sociedad, desde el Gobierno, autoridades en Salud y Educación, instituciones públicas y privadas, familias y de todos los ciudadanos.
Es muy necesario revisar la legislación actual en lo que se refiere a los permisos y vías de acceso para poder estudiar estas poblaciones de interés: pacientes con trastornos mentales, familias y a quienes trabajan directamente con ellos, respetando siempre las consideraciones éticas necesarias respecto a la confidencialidad de la información otorgada por estos últimos. Así se podrán obtener datos científicamente válidos, que nos permitirán tomar decisiones en políticas públicas mucho más acertadas y que estén en estrecha relación con mejores tratamientos en el área de la salud mental, que no sólo impliquen tratamiento farmacológico, sino también intervenciones psicosociales que eleven la calidad de vida de quienes habitamos en este país.
Dra. Alejandra Caqueo Urízar
Centro de Justicia Educacional CJE.
Instituto de Alta Investigación, Universidad de Tarapacá.