En peluquerías partió control a extranjeros
Se fiscalizó si los migrantes que trabajan allí cuentan con su documentación vigente.
Funcionarios de la PDI de Arica y Parinacota, acompañados de la intendenta María Loreto Letelier, iniciaron ayer en el sector céntrico de la ciudad la fiscalización de los extranjeros que se encuentran irregulares en la región.
En la actividad las autoridades comentaron que 156 mil extranjeros se han inscrito en el Proceso de Regularización y el 10 %, cerca de 16 mil personas, no cumplen los requisitos para regularizarse por distintas razones.
Otros 50 mil, que sí tienen aprobada su visa, no se han acercado a las oficinas del Departamento de Extranjería y Migración a estampar sus documentos. Cuando concluya el plazo el 22 de julio esas personas quedarán como irregulares y tendrán que enfrentar los procesos de expulsión administrativa que correspondan.
Fiscalización
Cerca de veinte funcionarios de la PDI llegaron hasta lo locales comerciales del Edificio Richard, fiscalizando si los extranjeros se encuentran con su documentación vigente, para ello se les solicitó su identificación y antecedentes migratorios.
En el lugar la intendenta María Loreto Letelier sostuvo que la PDI tiene facultad de pedir y acreditar los permisos respectivos para permanecer en Chile.
"Hoy junto al jefe regional de la PDI José Ortiz , funcionarios policiales, seremi del Trabajo, Juan Manuel Carrasco y el coordinación regional de Seguridad Pública Gonzalo Medina hemos realizado esta fiscalización para detectar irregularidades migratorias y verificar si existen infracciones que vulneran los derechos laborales de los migrantes en el área laboral por la realización de labores de personas sin contrato de trabajo", dijo la máxima autoridad regional.
En tanto, el jefe de prefectura de policía internacional de Arica y Parinacota, Cristián Sáez, comentó que "en esta fiscalización se encontraron extranjeros trabajando con permiso de turistas a los cuales se les explicó que nosotros tomamos el procedimiento realizando una denuncia a la autoridad administrativa, y que esa denuncia pueda derivar en una multa, un decreto de expulsión o alguna multa".