Juzgar con perspectiva de género
Incorporar la perspectiva de género en la administración de justicia es un elemento esencial para garantizar el efectivo acceso a la misma y constituye una obligación del Estado en cuanto implica reconocer y aplicar el principio de igualdad establecido en la legislación -nacional e internacional- y visibilizar prejuicios y estereotipos que pueden obstaculizar la aplicación de dicho principio en el caso concreto. Hoy no existe controversia respecto de que la debida protección de los derechos humanos de todas las personas, sin distinción, en especial de las mujeres y grupos vulnerables es responsabilidad de todos los funcionarios/as del Estado, entre ellos quienes somos parte de la judicatura. Por ello, la decisión de la Corte Suprema en orden a hacer realidad la "Política De Igualdad y No Discriminación" y la implementación de un Cuaderno de Buenas Prácticas, se traduce en un cambio de paradigma respecto de cuál es el rol de los jueces y cuáles son los elementos que debemos considerar en el conocimiento de las causas, para la emisión de sentencias respetuosas de los derechos humanos, que garanticen el acceso efectivo a la justicia. Juzgar con perspectiva de género es buscar soluciones justas a situaciones desiguales y ello se logra evitando una aplicación meramente formalista del derecho, lo que contribuye a hacer realidad el derecho a la igualdad. Responde a un mandato constitucional y al deber de cumplir con el Sistema Internacional de DD.HH. de las Mujeres, Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y que se encuentran en coherencia con el Sistema Internacional de Derechos Humanos. Juzgar con perspectiva de género no compromete la imparcialidad, ni la independencia de quienes impartimos justicia, ya que con ello no se plantea decidir el proceso a favor de las mujeres, sino, reconocer si se está ante un caso en que existe una discriminación de género, visibilizar los estereotipos que contribuyen a perpetuar la desigualdad, analizar su particular condición y garantizar que quien concurre a un tribunal tenga un acceso efectivo a la justicia.