Luego de que por meses y a veces hasta durante años se trabaja en una ley, lo que se espera de ella es que se cumpla o que al menos, se haga cumplir por los medios que la misma norma establece. Sin embargo, en no pocas ocasiones este es el principal desafío de las leyes que nos rigen.

En diciembre se publicó en el Diario Oficial la ley que modifica el Código Penal para sancionar a quienes ensucien las playas, una iniciativa legal que perfectamente puede estar sufriendo la lenta agonía de convertirse en letra muerta.

La iniciativa establece multas que van de una a cuatro Unidades Tributarias Mensuales (UTM) a quienes ensucien, arrojen o abandonen basura, materiales o desechos de cualquier índole en playas, riberas de ríos o de lagos, parques nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales o en otras áreas de conservación de la biodiversidad protegidas. Eso es lo que dice ahora la ley. Sin embargo, los hechos muestran que se trata de un tema que será difícil de instalar y probablemente, también de fiscalizar de manera efectiva.

El viernes, una imagen que publicaba "La Estrella" en su página 2, daba cuenta justamente de cómo todavía hay una enorme inconciencia en la población respecto del cuidado de las playas y las conductas que se deben adoptar a la hora de mantenerlas limpias.

En la foto, aparecían bolsas con botellas de cervezas, envases de snacks, vasos desechables y otros elementos que dan cuenta de los efectos de los "carretes" en la arena. Hasta el momento, las autoridades no han reportado multas a quienes estén ensuciando nuestras playas, y no porque este lamentable hecho no esté ocurriendo.

Volvemos al principio, entonces, en donde este tipo de disposiciones no tiene utilidad alguna mientras no exista una efectiva fiscalización. Y es de esperar que aquello ocurra, especialmente durante este verano y sobre todo en nuestras playas, que no sólo recibe a veraneantes, turistas y visitas respetuosas, sino que también a personas sucias e inconscientes que insisten en oscurecer la belleza de los balnearios y riberas de nuestra región.

Es la ley que regula el matrimonio civil, su celebración, la separación de los cónyuges, tanto la de hecho como la judicial, la reanudación de la vida en común y la terminación del matrimonio.

El matrimonio, conforme al artículo 42, termina: por muerte de uno de los cónyuges; por muerte presunta, cumplidos los plazos legales; por sentencia firme de nulidad; y por sentencia firme de divorcio.

La nulidad, conforme con el artículo 44, puede ser declarada: cuando uno de los cónyuges tuviere alguna de las incapacidades señaladas en los artículos 5,6 o 7 de la ley; y cuando el consentimiento no hubiere sido libre y espontáneo en los términos previstos en el artículo 8.

El divorcio, según el artículo 54, puede ser demandado por uno de los cónyuges, por falta imputable al otro, siempre que constituya una violación grave de los deberes y obligaciones que les impone el matrimonio, o de los deberes y obligaciones para con los hijos, que torne intolerable la vida en común. El divorcio será decretado por el juez si ambos cónyuges lo solicitan de común acuerdo y acreditan haber cesado su convivencia durante el lapso de un año, como lo consagra el artículo 55.

El artículo 61 contempla la compensación económica, esto es si, como consecuencia de haberse dedicado al cuidado de los hijos o a las labores propias del hogar común, uno de los cónyuges no pudo desarrollar una actividad remunerada o lucrativa durante el matrimonio, o lo hizo en menor medida de lo que podía o quería, tiene derecho a que, cuando se produzca el divorcio o se declare la nulidad del matrimonio, se le compense el menoscabo económico sufrido.

El artículo 62 señala que para determinar la existencia de menoscabo económico y la cuantía de la compensación, se considerará, especialmente, la duración del matrimonio y de la vida en común de los cónyuges; la situación patrimonial de ambos; la buena o mala fe; la edad y el estado de salud del cónyuge beneficiario; su situación en materia de beneficios previsionales y de salud; su cualificación profesional y posibilidades de acceso al mercado laboral, y la colaboración que hubiese prestado a las actividades lucrativas del otro cónyuge.