La recientemente promulgada y ya en plena vigencia Ley de Convivencia Vial, se ha transformado en un nuevo marco regulatorio para los usuarios del sistema, que ha sido objeto de análisis crítico por parte de distintos sectores de la comunidad. Pero esto no es algo propio de esta nueva ley, sino que también ha ocurrido con otras leyes promulgadas en nuestro país en los últimos años.

La Ley Cholito, la Ley Emilia y ahora la nueva ley que sancionará a quienes ensucien las playas, son objeto de miradas críticas de parte de nuestra sociedad. No deja de llamar la atención que no pocas de estas nuevas normas choquen de golpe con las realidades para que sean aplicadas o hasta fiscalizadas. Es así que también se da el caso en que algunas de ellas han terminado convirtiéndose simplemente en letra muerta.

Algo así ha ocurrido, por ejemplo, con la Ley Cholito, que es la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía, que propone su cuidado decidido y con la debida responsabilidad de las personas. Sin embargo, hasta el momento la ley no entrega horizontes respecto a cómo conseguir que este cuidado sea efectivo, con un escaso protagonismo del Estado y con particulares que no son capaces de comprometerse. Como resultado, una ley que no ha solucionado nada.

Y qué se puede decir de la Ley Emilia. En nuestra ciudad se conoce bien sobre casos de conductores que aun teniendo una, dos o más condenas por conducir en estado de ebriedad, lo siguen haciendo con desfachatez e impunidad. El claro ejemplo de una ley que no ha logrado ser del todo satisfactoria para que fue propuesta, trabajada, analizada y promulgada. Eso, por lo menos según lo revela la experiencia en Arica, donde el delito más frecuente es la conducción luego de haber bebido alcohol.

Es clave que el Estado, particularmente los legisladores, puedan elaborar leyes útiles y realistas en cuanto a su fiscalización y su efectividad como solución a los problemas para los cuales buscan hacerse cargo. De lo contrario, es simplemente una pérdida de tiempo. Un objetivo no cumplido, un escaso favor al país.

Villa Frontera en Arica y nuestros valles y zonas rurales pueden contar con agua gracias a inversión estatal mediante el Sistemas de Agua Potable Rural (APR).

En materia energética, Camarones careció siempre de luz porque Emelari cobraba cifras siderales que extralimitaban cualquier presupuesto gubernamental regional, hasta que bajo la modalidad del Plan Especial de Zonas Extremas, con recursos extraordinarios y a muy alto costo, se materializó este proyecto. Como la comuna de General Lagos no le es rentable económicamente, no cuenta con energía.

Es claro que ambas compañías deberán compensar a la población por los daños ocasionados, porque no sólo los hogares se vieron afectados sino que muchos pequeños empresarios y comerciantes que sufrieron pérdidas y a nosotros, como autoridades, nos convoca realizar gestiones porque como tenemos un sistema eléctrico de generación y transmisión endeble conectado al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) ex SING debemos contar con una nueva línea de transmisión.

También hay que avanzar en las conversaciones y establecer un acuerdo entre los Ministerios de Energía de Perú y Chile para implementar la línea de transmisión de 55 kilómetros en 220 kv desde S/E Parinacota a S/E Los Héroes, que uniría las ciudades de Tacna y Arica.

A su vez, Aguas del Altiplano debe contar con una planta de generación eléctrica propia que de abasto por más de 24 horas y no dependa de la empresa eléctrica para abastecer a la ciudadanía porque en una catástrofe, la falta de agua y luz será aún más caótica.

Oficiaré a los organismos que corresponda para denunciar la mala capacidad de respuesta.