A propósito de los viáticos y beneficios de parlamentarios, ha quedado demostrado que el Congreso entero vela por intereses corporativos propios fuera de la ley, o, lo que es peor, "por arriba de la ley". El Congreso (que hace la ley) se autoregula, se autofinancia y tiene beneficios (a costa de los impuestos de todos los chilenos). Cabe la pregunta entonces ¿Para donde van los impuestos? La respuesta la tuvimos la semana pasada cuando se descubrió -no por un acto de transparencia institucional- que los viáticos de los congresistas son muy elevados. El problema, en mi opinión, no es que sean elevados. Simplemente no debieran tener viático. Es inmoral. La "vocación de servicio público" que muchos pregonan hinchando el pecho, nos choca de frente cuando escuchamos -de ellos mismos- que en las campañas políticas deben "invertir", término claramente económico que significa comercialmente "poner 10 para ganar 15". Así de simple. Parecerá, a primera vista una reflexión mezquina y pueril decir que los congresistas debieran, en realidad, tener un sueldo muy bajo y carecer de beneficios y regalías, pues representar a la Nación debiera ser un privilegio moral y no económico. Además, desde el punto de vista práctico, tanto beneficio representa un problema básico de empatía representativa: Desde el día que juran y dejan de andar en micro, fácilmente se desentienden -es obvio- del ciudadano común que sufre por el transporte público. ¿Como alguien puede legislar así? Escuchar a un Senador hablar en Chile de su "preocupación por la pobreza" es obsceno. Cuando esto se les recrimina, se encogen de hombros, y recurren a un cínico argumento institucional; "Hay que cambiar la Constitución entonces, pues tenemos el mismo sueldo que los ministros de Estado".

Bueno, habrá que cambiarla entonces, ya que este punto refleja un problema mayor que constituye la raíz de todos los males: La confusión entre Democracia y Estado de derecho. En un verdadero Estado de derecho, nadie está sobre la ley. Esto incluye, por cierto y en grado superlativo, a quienes las hacen. Los ministros, por muy malos o ineficientes que puedan ser (en el gobierno que sea) efectivamente están obligados a trabajar e incluso a exponerse individualmente al escrutinio público, cosa que no sucede con los Honorables quienes impostando la voz, como cuerpo colegiado, se escudan en el grupo, defendiéndose, con argumentos abstractos relativos a una idea de democracia que, por lo demás, hace mucho sólo es una quimera en este país. Sólo para poner las cosas en perspectiva: Teóricamente la figura penal de asociación ilícita, aunque cuesta probarla, por lo menos puede ser perseguida y sancionada. La corporación llamada congreso parece, hoy, impune.

Rodrigo Muñoz Ponce

Profesor de Filosofía del Derecho

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