Hoy la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, dará a conocer su decisión ante la demanda marítima boliviana. En lo medular, esta demanda busca que Chile negocie de buena fe una solución a la mediterraneidad del vecino país. Una negociación "de buena fe" en la cual la interpretación de esta característica puede ser diversa.

El caso es que, ya sea desde la óptica chilena o la boliviana, por lo pronto no está en juego el territorio soberano de nuestro país, a pesar que, en el fondo, la reivindicación marítima de Bolivia pasa necesariamente por recuperar esos territorios.

Es por eso que más allá de las declaraciones y disputas entre personajes políticos, ya sea oficiales o mediante redes sociales, no hay evidencias de que esta noche la historia de ambos países haya cambiado de manera tan radical como pareciera que se espera.

Como pocas veces, regiones como la nuestra o incluso, Antofagasta, aparecen de súbito en el mapa de Chile con tanto brillo y despertando tanto interés. Son motivo de discusión, de opiniones, a veces contradictorias. Especialmente a través de redes sociales, hay quienes hacen gala de esa mezcla de desconocimiento y desprecio que sienten por las regiones del norte al esbozar esos "a quién le importa" lo que ocurra con la soberanía nacional por estas latitudes.

Pero con la cabeza más fría, para el Estado y los ciudadanos que quieren a Chile, de extremo a extremo, el territorio no se toca. Y sí, no se toca cuando se ve "amenazado". Pero esa defensa no debe quedarse en lo circunstancial.

La lección que debe dejar para Chile toda esta discusión, debe ser profunda y visionaria. Hace unos días, se lanzó un plan que busca revitalizar Parinacota, una manera de entender que esta región y sus provincias, tan extremas, deben ser de interés permanente para el país.

Poblamiento, radicación, desarrollo social y productivo, identidad, infraestructura y especialmente, un fuerte sentido de pertenencia nacional, son tareas urgentes para nuestra región. Y es que Arica, y especialmente Parinacota, no son parte de Chile, solamente cuando existe alguna demanda específica de los vecinos con quienes hace siglos convivimos.

El tema no es del todo fácil de tratar, especialmente en circunstancias que, en las últimas semanas se ha reafirmado el principio de infalibilidad de los magistrados, a la vez que se ha cuestionado el rol del poder legislativo, respecto de su competencia para revisar la constitucionalidad de los fallos del Poder Judicial.

Sin tener la experiencia ni los conocimientos propios de un jurisprudente, me permitiré reflexionar como ciudadano sobre el tema.

Lo primero que creo prudente plantear es que, el concepto de justicia es tan

ambiguo, que por definición, dondequiera que ésta se administra, sus dictámenes siempre van a alienar a una de las partes litigantes.

Lo segundo que también es importante establecer es que, como ha dicho la escritora argentina Luisa Valenzuela: todos - sin excepción - albergamos un animal político que es insoslayable y que al manifestarse, determina el derrotero de nuestra conducta en sociedad. Así, aunque tendamos a negar la presencia de la política en nuestras vidas (por favor no metamos política) al final del día, prácticamente todo lo que hacemos involucra acciones que - conscientes o no - emanan de nuestra identidad política.

Para mejor demostrar la viabilidad de la hipótesis, miremos al gran país del norte, donde un empresario neoyorquino, que prometió desligarse de la política para gobernar para todos, hoy se dedica a recorrer el país de punta a cabo, sembrando dudas sobre la legitimidad del sistema que rige esa nación, y hace todo lo posible para imponer el nombramiento de jueces que comparten su ideología y su accionar político, que en este caso tiene como objetivo, nombrar un juez de la Corte Suprema norteamericana, que garantizará por al menos cuatro décadas una mayoría conservadora en ese tribunal .

Así, dentro de este contexto, cuando se analiza la relación entre justicia y política, lo más probable es que después de hacernos la pregunta del millón, terminemos concluyendo que prescindencia de la política en el sistema judicial, puede que sea más bien una aspiración de la sociedad, que una realidad dentro de

la misma.