Fallas eléctricas, hacinamiento y ventanas rotas, son algunos de los problemas de los estudiantes del Liceo A-1, Escuela Rep. de Francia y Escuela Regimiento Rancagua ¿Será que tendrán que hacer bingos para mejorar sus condiciones?
Hace pocos días el Centro de Justicia de las Américas (CEJA) hizo público un estudio conteniendo un análisis de lo que ha significado la reforma procesal penal, a más de una década desde su implementación plena en todo el territorio de la república.
Uno de los puntos que fue destacado entre los comentaristas es el del uso intensivo de la prisión preventiva. El Ministro de Justicia, quien ya al inicio de su gestión había expresado su intención de presentar un proyecto para enmendar la caótica situación al respecto, señaló lo preocupante que resultaba el alto porcentaje de personas en prisión preventiva que finalmente no llega a sentencias que lo priven de libertad. Esta es una situación altamente preocupante, pues al fin y al cabo significa que la excepcionalidad y proporcionalidad de la medida son ignoradas, manteniendo presa a una persona mientras se le investiga, cuando debiera favorecerla la presunción de inocencia, y finalmente queda libre tras el juicio, sea porque se demostró su inocencia, sea porque el delito porque se le condena no implicaba finalmente su privación de libertad, demostrando lo desproporcionado que resultaba haberlo mantenido en ese estado durante la investigación. Las cifras son alarmantes debido a su crecimiento explosivo a lo largo de los años: si el 2006 poco más de 15 mil personas estaban en prisión preventiva, una década después ya hablamos de casi 31 mil. Más del doble. Y de ese total, más del 40% no debieron haber pasado ni un día siquiera en prisión, ya que finalmente no fueron condenadas a penas que implicaran su privación de libertad.
La situación actual nos presenta un mundo al revés, con un sistema en que resulta más fácil dejar a alguien preso mientras se le investiga, presumiéndosele inocente, que cuando se le juzga. Si bien es cierto que es en el juicio donde se realiza el análisis serio y detallado de la verdadera calidad de la prueba que sustenta aquello por lo que se le acusa, la reforma y el cambio de mentalidad que urgen es el de entender que por lo mismo lo excepcional debiera ser que alguien esté preso antes de haber sido juzgado.
Hoy se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, en esta fecha es más que necesario destacar la riqueza cultural, historia y patrimonio del pueblo aymara que habita milenariamente en nuestra región. ¡Jallalla!
El "profe" de San Marcos no se guarda nada y cuando se molesta con sus pupilos lo manifiesta a su estilo, así se pudo ver en la práctica de ayer, donde recalcó el desorden que había en el plantel antes de su llegada.
Luego de que el sábado comenzara a regir en todo el país el nuevo límite de velocidad en zonas urbanas, Carabineros también comenzó a realizas las fiscalizaciones tendientes a evitar que los conductores hagan caso omiso de una norma que persigue disminuir los accidentes en el tránsito.
Luego de que la Cámara de Diputados aprobara el proyecto para reducir de 60 a 50 kilómetros por hora la velocidad máxima de circulación en zonas urbanas para los vehículos, más que hablar de una nueva ley, simplemente se trata del regreso al límite que estuvo estipulado para la conducción en estas zonas hasta el año 2002.
El proyecto indicaba que el riesgo de muerte de un atropello por un vehículo que circula a 60 kilómetros por hora es de casi un 100%, mientras que con 50 kilómetros por hora, hay solo un 50%.
Sin duda, hay evidencias técnicas, físicas de que la disminución de la velocidad de verdad puede no sólo evitar graves accidentes, sino que disminuir las consecuencias que otros también pueden tener en las personas, incluso, al grado de salvar vidas.
Para esto, es necesario también que las municipalidades renueven, y en lo posible, agreguen más señales que recuerden a los conductores este nuevo reglamento en las calles y avenidas urbanas, e incluso, en sectores rurales que sean atravesados por carreteras, pero donde se aplique el criterio de una zona urbana.
Estamos frente a esfuerzos que está haciendo el Estado y que sobre los que se seguirá trabajando, tendientes a promover y a buscar más seguridad en el tránsito. Sin embargo, los grandes protagonistas para lograr este objetivo no son el Congreso haciendo leyes, ni Carabineros fiscalizando o los municipios instalando señales. Los mayores responsables siguen siendo los conductores.
Es indispensable que quienes manejan, asuman culturalmente, los riesgos que significa conducir por sobre los límites establecidos, incluso por sobre lo que se pueda considerar prudente, considerando las condiciones de las vías, el entorno y los peligros que puedan aparecer. El factor humano siempre terminará siendo el más importante.