Cerca de mil profesores y directivos de establecimientos particulares subvencionados y pagados de la región se reunieron para debatir sobre la Reforma Educacional.
Según explicó Omar Sagredo, presidente de la Asociación de Directores de Establecimientos Particulares Subvencionados (Adep), es segunda vez que se realiza una jornada de estas características.
"El tema de la reforma es bastante complejo, ya que representa los cambios estructurales más grandes que se han realizado en materia de educación en el país", dijo.
Sagredo destacó que uno de los alcances que podría tener la reforma desde el próximo año es el término de la selección.
"No sería extraño que se dieran fenómenos como las largas filas para conseguir matrícula o el sistema de tómbola que ya se ha implementado en otras ciudades, pues sin selección, las vacantes serán menos y las posibilidades de ingresar serán las mismas para todos".
Por su parte, Guido Crino, presidente nacional de la Federación de Instituciones de Educación Particular (Fide), comentó que los directivos se muestran bastante críticos frente al proceso de reforma porque tendrá un impacto negativo en los establecimientos particulares subvencionados.
"Hay exigencias nuevas que pone la ley que dificultan la gestión administrativa, financiera y pedagógica de los particulares subvencionados. Pero también nos preocupan los docentes, que con estos cambios están discriminados de la carrera profesional docente", explicó.
En ese contexto, Crino argumentó que mientras los profesores de la educación pública se benefician, los particulares subvencionados están a la espera para el periodo 2019- 2026.
"Son muchos más docentes que los de la educación pública, por lo que están perjudicados. Incluso, los de más edad ni siquiera podrán postular a este beneficio".
El presidente manifestó que la mayoría de los establecimientos- un 70%- pasará de particulares subvencionados a particulares pagados, donde el mayor número de traspasos se encuentra en la zona norte.
"En Antofagasta, Copiapó, La Serena y Coquimbo estará la mayor cantidad de particulares, afectando a unas 60 mil familias que quizás podrían hacer el sacrificio de pagar dos a tres veces más con el fin de no sacar a sus hijos".
Crino destacó que la reforma además, conllevará a una vulneración de derechos. "Por Ley de Inclusión a las familias se les aseguraba gratuidad, pero ¿qué pasa si no quedan en estos establecimientos? Se afecta el derecho de escoger la educación que querían para sus hijos, por lo que habrá una grave vulneración".