El hecho se registro cerca de las 14 horas, en el momento que personal de Carabineros del retén Chilcaya de la Cuarta Comisaría con la finalidad de fiscalizar delitos contemplados en el Plan Frontera Norte, se encontraban realizando patrullajes en el sector del Lecho de la quebrada seca en Portezuelo Quilhuiri.

En ese lugar los uniformados lograron percatarse que dos vehículos se aproximaban al límite político internacional, para salir del territorio nacional.

Sin embargo al ser fiscalizados no contaban con la documentación adecuada para trasladar un vehículo al vecino país. La fiscal de turno Damaris Santos, instruyó como primera diligencias la incautación de ambos móviles. Uno de ellos un Station Wagon, marca Toyota, modelo Rav 4, año 2005 color plomo, el cual transportaba una motocicleta usada, marca Honda. Además de un saco de ropa que contenía poleras de mujer y 2 dos baterías marca Hitachi, sin contar con la documentación adecuada.

En tanto el segundo vehículo, se trata de una camioneta marca Nissan, modelo Vanette, año 2004, el cual trasladaba cuatro llantas usadas aro 13 y una puerta trasera de vehículo Toyota Regius. Ambos autos quedaron a disposición del Servicio Nacional de Aduanas.

En cambio los dos conductores de nacionalidad boliviana, quedaron en libertad citados a declarar ante el Ministerio Público y fueron entregados al Departamento de Extranjería de la PDI.

Los vecinos de la esquina de Alejandro Azola con Lastarria, ya están acostumbrados a que en ese lugar se registren accidentes de tránsito.

Este ocurrió ayer a las 5:30 horas de la madrugada cuando un vehículo que se desplazaba por la avenida Lastarria fue impactado por otro móvil que no respetó una señal de tránsito del lugar.

Tras el impacto, uno de los conductores de los automóviles, perdió el control de su vehículo, terminando cerca del muro de una vivienda.

Al lugar concurrió Carabineros de la Primera Comisaría, quienes tomaron el procedimiento.

Al practicarles el examen de intoxilyzer a ambos conductores no estaban manejando en estado de ebriedad.

El caso fue derivado al Juzgado de Policía Local. Nadie resultó lesionado.

El mismo hombre declaró que le advirtió al conductor del tren Arica - Tacna que no hiciera sonar la bocina debido que el ruido no lo dejaba dormir.

Estos antecedentes fueron expuestos ayer por la fiscal Damaris Santos en la audiencia de formalización, quien leyó la declaración del imputado ante el Tribunal.

Este contó que desde junio de este año que está en condición de calle y que vive en un ruco cerca de la línea férrea por el sector de los departamentos Puerta del Pacífico frente a Playa Las Machas. Reconoció que lanzó la piedra por molestarle el ruido de la bocina del tren.

"Salí de mi casa y le hice señas al conductor que dejara de hacer sonar la bocina, pero él continuó, tomé una piedra y se la lancé y luego volví a mi choza a terminar las cosas que estaba haciendo", leyó una parte de la declaración la fiscal.

Luego expuso que al lanzar la piedra el imputado quebró el parabrisas y el proyectil pasó por un costado de la cara del conductor, quebrando otro vidrio para caer en la cabina del control. El ferrocarril avaluó los daños en la suma de 450 mil pesos.

Formalización

Por estos hechos la fiscalía formalizó a Diego Olivares Zamora de 47 años por infracción a la Ley de Ferrocarriles y solicitó su prisión preventiva con el argumento que el imputado puso en peligro la seguridad de 55 personas que iban como pajeros. Además señaló que el hombre registra condenas, una del 12 de agosto del 2009 por el delito de robo con fuerza en las cosas efectuado en lugar habitado y el 2010 por tráfico de droga en pequeñas cantidades.

Qué dice la defensa

Por su parte la defensa a cargo del abogado Jesús López, se opuso a la cautelar; planteó que su representado prestó declaración y por el delito al que lo formalizó la Fiscalía no tiene asignada una pena de crimen, por tal motivo no podría estar privado de libertad.

La jueza Gabriela Abusabal acogió la tesis de la defensa y rechazó la prisión preventiva por considerarla desproporcionada y desmedida.

"El Tribunal no puede privar de libertad a una persona que en cualquier escenario cumpliera libre", expuso la magistrado. Explicó que las condenas ya están prescritas y el imputado puede acceder a un acuerdo reparatorio. Decretó como única medida cautelar la firma quincenal ante el Ministerio Público.