El Gobierno busca desincentivar las tomas de terrenos como una de las acciones que se llevan a cabo para presionar el acceso a una vivienda. Según consigna el diario "El Mercurio", la ministra Paulina Saball, titular del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, envió a principios de mes una circular a todos los jefes regionales de la cartera, un instructivo en el que pide que se aplique el DS 105 de 1980.

En resumen, éste inhabilita a quienes ocupen ilegítimamente terrenos, "a ser asignatarios de una vivienda social" o a "obtener una vivienda mediante el sistema de postulación a través de los Serviu". Se espera, de esta manera, que el problema y la búsqueda de soluciones a las tomas y a la adquisición de una vivienda digna, no se transforme en un elemento que pase a formar parte de la discusión en un año electoral. Se busca disuadir, de esta manera, que un desafío objetivo y concreto como es la necesidad de vivienda, termine desviándose a otros fines.

La aparición de tomas puede presentar una serie de problemas. Si bien las familias buscan un lugar donde poder establecerse y formar un hogar, muchas veces los lugares en donde se ubican no cumplen con los estándares técnicos básicos para ser urbanizados o peor, presentan un emplazamiento en zonas de riesgos ante distintas emergencias.

La ubicación de tomas en quebradas, en laderas de cerros o en lugares de difícil acceso, se transforma en un peligro al que se exponen todas las familias que en ellas construyen, por lo general, habitaciones de material ligero.

Con todo, no es fácil decir a cientos, quizás miles de vecinos a lo largo del país que simplemente, no se instalen en una toma. El Estado debe seguir acelerando los procesos que permitan ayudar a quienes realmente lo necesitan, a obtener una vivienda digna. De la misma manera, también fiscalizar a quienes hacen mal uso de este beneficio, pues aquellas personas no sólo perjudican al país, sino que también a los demás ciudadanos y ciudadanas en real necesidad.

El llamado hecho por la ministra Saball establece límites, pero también vuelve a dejar tarea al Estado con relación a la vivienda.

Hace algunos días un arquitecto, muy emocionado, me comentó del DS50 que modifica la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), abordando la Ruta Accesible.

En esta se especifica qué se entiende por una vereda (o circulación peatonal), es decir, de ancho continuo, con un mínimo de 1,20 metro de ancho por 2,10 metros de alto para el tránsito de las personas, apta para cualquier persona, con pavimento estable, sin elementos sueltos, de superficie homogénea, antideslizante en seco y en mojado, libre de obstáculos, gradas o cualquier barrera que dificulte el desplazamiento y percepción de su recorrido; además, esto deberá identificarse y graficarse en los respectivos planos del proyecto.

A partir de la definición anterior, se debe evaluar si las veredas en Arica cumplen con la normativa aludida y qué falta por mejorar, sobre todo en el centro de la ciudad, donde la gran cantidad de personas que transita diariamente, por momentos, hace difícil circular y donde se está desarrollando una millonaria inversión para reemplazar lo existente.

Es por lo anterior, que creemos que podrían realizarse algunas medidas dirigidas a hacer del centro un área eminentemente peatonal, tal como se decidió en un tramo de calle Colón, haciendo así un tránsito más expedito, lo que significa cambiar la concepción de ciudad, por una caminable y vinculada al uso de la bicicleta. Asimismo, esto invita a la instalación de cafés y negocios más asociados con el entorno, como ya sucede en Bolognesi, pero ojalá más ordenada.

Otro tema interesante de abordar era soterrar los cables de energía eléctrica y de comunicaciones, para lograr una ciudad visualmente más limpia y amigable, tanto al caminar como al mirar al cielo, lo que sin duda cambiaría la calidad de vida de todos, porque construir Chile es obra de todos.