Militares (r) se querellaron por recorte a desahucios
Un grupo de militares en retiro ariqueños presentó una querella criminal en contra de quienes resulten responsables por el presunto delito de malversación de caudales públicos, apropiación indebida y fraude al fisco.
La acción se originó en una denuncia por parte de los querellantes, que sostienen que dicha subsecretaría no les pagó todos los años de desahucio, estableciendo en forma ilegal un tope de 30 años.
La querella es encabezada por Carlos Alfredo Bustos Orrego, en representación de otros 28 militares en retiro y fue presentada el 10 de noviembre del año pasado ante el Juzgado de Garantía de Arica.
Según los querellantes, la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas aplicó en su caso una norma que establecía un tope de 30 años para el cálculo de sus pensiones, pero que luego fue declarada inconstitucional. Por ello, piden que se les reliquide, cancelando el total de los años de servicio efectivamente prestados en las Fuerzas Armadas, tal como ocurrió en al menos dos casos que ellos detallan en la querella.
Además inquieren cuál fue el destino de los recursos que alegan les correspondían en derecho.
Según detallaron, el Juzgado de Garantía de Arica admitió a tramitación la querella, con orden de investigar, pero el 8 de julio de este año se declaró incompetente, ya que los hechos que habrían sido constitutivos de delito se originaron en Santiago, específicamente en la oficina de Gestión Previsional de la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas.
Por ese motivo, remitió todos los antecedes al Sexto Juzgado de Garantía de la capital, que aún no se pronuncia.