Detuvieron a 9 profesionales de las Aldeas S.O.S.
Se negaron a ingresar a una menor de 16 años que fue vulnerada en sus derechos.
La crisis del Servicio Nacional de Menores (Sename) se está haciendo sentir en todas las regiones del país y Arica no es la excepción. La tarde del jueves resultaron detenidos 9 funcionarios de la Aldeas Infantiles S.O.S. por negarse a recibir a una menor de 16 años que llevó personal de la Policía de Investigaciones por orden de un juez de familia.
El hecho se registró el jueves cerca de las 17 horas cuando llegó la PDI con una orden del juez de turno del Tribunal de Familia, Diego Gamboa, solicitando el ingreso de la menor de nacionalidad extranjera a la fundación.
El problema se inició en el momento que el personal se opuso a que la menor ingresara, resultando detenidos por el delito de desacato el abogado, dos asistentes sociales, una trabajadora social, dos educadoras, una profesora de educación básica y la secretaria, casi la mitad del centro, que los llevó a pedir colaboración a personal de reemplazo para que se quedaran a cargo de los niños que posee este centro.
Los motivos que llevaron al personal a negarse, según explicaron, fueron tres: Primero por no respetar supuestamente los protocolos que existen, en cuanto a que los policías tienen que llegar con un documento firmado del juez; segundo, la menor no reunía el perfil para ingresar al hogar y, tercero, por no tener cupos.
No fue arbitraria
La directora de Asuntos Públicos de Aldeas Infantiles S.O.S, Alejandra Riveros, fue quien se refirió públicamente a este caso y lo calificó como impresentable, manifestando que enviaron a una niña que no reunía el perfil. "La Aldea, no atiende a niños y niñas víctimas de explotación sexual infantil, porque no tiene la especialización, ya que cuentan con otros programas de intervención", planteó. Explicó que las aldeas reciben a niños que son gravemente vulnerados en sus derechos por sus padres y han perdido el cuidado de sus progenitores.
Asimismo manifestó que existió una descoordinación con el Sename, ya que cuenta con un centro, especializado que se hace cargo de casos complejos como es el Centro de Residencia de Administración Directa (Cread). "Hay una responsabilidad del Estado, porque en el norte existen problemas de ofertas. No pueden enviar a todo tipo de niños a un mismo lugar y con perfiles diferentes, cuando digo Estado me estoy refiriendo al Tribunal y el Sename. El Servicio de menores debe asumir su rol de garante; tiene que garantizar que esa niña sea acogida donde corresponde", planteó.
Tribunal
El juez Diego Gamboa explicó que el artículo 71 de la ley 19.968, señala que el Tribunal de Familia debía decretar el ingreso inmediato de la menor a un centro residencial, ya que se trataba de una niña extranjera que no contaba con antecedentes de que fuera infractora de ley, además que la PDI le informó que se trataba de una víctima de vulneración de sus derechos de materia reservada.
Según la información que le proporcionaron al magistrado, la niña sí reunía el perfil y la aldea sí contaba con vacantes disponibles para recibirla.
Respecto a la orden de detención, explicó que el Tribunal tiene la facultad de decretar el arresto por incumplir una orden judicial, según el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil.
Como el fiscal de turno, resolvió no pasar a control de detención a los detenidos, el juez no perseveró en requerir la colaboración de la Aldea y pidió a la policía trasladar a la adolescente al Cread, no obstante que dicha institución acoge a menores cuyo perfil corresponde a infractores de ley, mucho más complejo al que tenía la niña que estaba sujeta a una medida de protección, aclaró el juez.