Cuando el actual gobierno de Michelle Bachelet, apenas sobrepasa la mitad de su período, ya son varias las precandidaturas interesadas en la Presidencia.

En este escenario, quizás lo más llamativo sea el hecho de que parte importante de la clase política esté dando por cerrada la presente administración, cuando claramente está en un "segundo tiempo" al que le falta no pocos minutos para concluir.

Frente al fenómeno, el ministro de la Secretaría General de Gobierno, Marcelo Díaz, afirmó que no se siente sorprendido ante la aparición candidaturas presidenciales y aseguró que ello sería "normal" en un sistema de gobierno como el chileno.

Como es sabido, los expresidentes Sebastián Piñera y Ricardo Lagos han manifestado que tomarán una decisión en los próximos meses, aunque todo hace indicar que tienen un efectivo interés en ello.

La DC, por su parte, también ha reclamado su interés en colocar un nombre de los suyos en la papeleta, con Ignacio Walker, como principal abanderado. También lo ha hecho el mundo radical, con el senador Alejandro Guillier.

Lo mismo ocurre en la centroderecha con Manuel José Ossandón y otros.

Todo lo anterior no tendría nada de objetable, si estuviéramos a meses de una elección, pero aquello está lejos de la realidad. Más aún, recién en tres meses enfrentaremos una elección municipal.

Por ello no sorprende que el propio vocero llamara a sus compañeros de coalición "a mantenerse en el presente y a preocuparse por las promesas y acciones del gobierno actual". Lo mismo podría responderse para la oposición.

Con todo, cabe preguntarse si el gobierno actual ya agotó sus grandes naves y administración y sólo restan transformaciones menores respeto al trabajo legislativo y del acontecer nacional.

Tal juicio puede sonar a crítica política, pero ciertamente la pregunta es válida cuando en la práctica observamos que la agenda comienza a trasladarse lentamente hasta la discusión de quiénes estarán en carpeta para una administración que recién asumirá en 2018.

Mucho se ha hablado de las AFP en la semana recién pasada. Por un lado, los indignados detractores del sistema de ahorro individual de pensiones (AFP), que se manifestaron en contra de esta práctica en una multitudinaria marcha de protesta en Santiago y por otro, los defensores de esta modalidad, que defienden las bondades del sistema.

No es necesario hacer un análisis muy profundo para saber de qué lado estar respecto de ambas posiciones. La evidencia que existe demuestra que quienes están afiliados al sistema de AFP, se han visto desproporcionadamente perjudicados, ya que la gran mayoría de los ahorrantes jubilan con una pensión, que es menos de un tercio del sueldo que recibieron cuando estaban en servicio activo.

Los partidarios del sistema actual sostienen que los empleados y trabajadores reciben bajas pensiones, porque éstos imponen por un mínimo de renta, para ver incrementado su ingreso mensual mientras trabajan. Asimismo, argumentan que las bajas pensiones se deben al fenómeno de la creciente longevidad de los jubilados, lo que obliga a las administradoras de fondos de pensiones a "estirar" los ahorros, para que éstos alcancen a cubrir el costo del beneficio en el tiempo. Cualesquiera que sea la razón de las bajas pensiones, a más de treinta años de la instauración de las AFP, los magros resultados obtenidos requieren una reforma del sistema.

Así, para mejorar lo que lamentablemente no ha funcionado, nada mejor que poner en practica la regla de oro del neoliberalismo, léase la "libre competencia". En efecto, si se es consecuente con los principios del sistema económico que nos rige, debería abrirse la opción para cotizar en un régimen de reparto solidario, administrado por el Estado, que sirva de contrapeso y alternativa para el ahorrante, respecto de la situación actual.

El tema en discusión da para mucho más de lo que se puede expresar aquí.