Agricultores dicen que Bienes Nacionales los discrimina por altos precios de terrenos
Engañados se sienten los integrantes de la Asociación Indígena de Agricultores, debido a que luego de estar más de 15 años produciendo y mejorando terrenos del valle de Azapa a través de un convenio con Bienes Nacionales, ahora que tienen posibilidad de comprar las tierras les han impuesto precios muy altos para sus bolsillos a pesar de la inversión que les ha significado trabajar el espacio.
Juan Carlos Valencia, uno de los 37 integrantes de la asociación, explicó que Bienes Nacionales les cedió el terreno siempre y cuando cumplieran con un proyecto "y cuando llegara el momento de compra nos iban a descontar el 50%. Por media hectárea me cobran 50 millones y la mitad es cultivable y el resto es pura roca. Yo vendí mi camioneta y colectivo para trabajar la tierra y para prosperar, pero no saco nada con seguir invirtiendo si cada año más me cobran por comprar el terreno". Juan Carlos dijo que a agricultores de más arriba del valle le cobran 40 millones, pero por 7 a 10 hectáreas. Orlando Galleguillos, presidente de la asociación dijo que por años han realizado gestiones administrativas con Bienes Nacionales, pero que en los cambios de gobierno "se perdían documentos" y empezaban de cero. Luego de meses de trabajo y reuniones se iba a generar el proceso de compra de terrenos y se reunieron siete asociaciones, sin embargo, acusa que ellos son los únicos que tienen precios diferenciados, de hecho a él le cobran 100 millones por una hectárea en el kilómetro 3 del valle , la cual era puro cerro con chusca cuando llegó hace 15 años. Desde Bienes Nacionales, la seremi Ingrid Robles dijo que luego de efectuar una tasación a los terrenos, se presentaron los casos ante la Comisión Especial de Enajenaciones Regional (CEER), quienes propusieron los valores comerciales de los inmuebles fiscales que serán enajenados. "Los valores fueron establecidos conforme a la normativa vigente, que exige que éstos deben ser valores comerciales, que en ningún caso pueden ser evaluados como casos sociales, como fue solicitado por ellos. En esta misma línea se ha pronunciado la Contraloría General de la República, Dictámenes N°36.771 del 27-09-2000 y 66.650 del 16-10-2013".