Aesta altura es evidente que la relación entre Chile y la administración del Presidente boliviano Evo Morales, pasa por uno de sus momentos más difíciles.

No puede decirse que las relaciones con el país completo son complejas, pero no se exagera al sostener que el actual gobierno altiplánico logra incomodar al máximo a nuestro país.

Como fue conocido, lo último es la serie de acusaciones de Morales, por el uso que Chile -varias empresas incluidas- harían de parte del río internacional.

Hace ya unos días en un acto en la región andina de Potosí, por donde nace el Silala, el que el Mandatario acusó que una empresa colombiana (Empresas Públicas de Medellín, a cargo de la sanitaria Aguas Antofagasta) está vendiendo ese recurso hídrico a las mineras que operan en el norte.

Desde el punto de vista boliviano, el reclamo por el uso del Silala podría ser comprensible, aunque los tratados y la legalidad internacional, están a favor de Chile. Pero lo que sorprende es la persistente ligereza de las reclamaciones.

Varios analistas insisten en que esto sólo es justificado por el impacto político que tiene a nivel interno mantener en tensión permanente el vínculo con Chile.

Fue la propia sanitaria la que rechazó la versión de Morales afirmando que no tienen derechos de aprovechamiento de aguas del Silala. En efecto, el grueso del agua potable que ofrece la compañía proviene de la planta desalinizadora de Antofagasta y otros afluentes cordilleranos que no consideran al Silala.

El gobierno no comentó el tema y Bolivia tampoco retrucó los dichos.

Pero el daño comunicacional queda instalado y lamentablemente queda la percepción de que lo que se dijo, es precisamente así.

Es cierto -y lo hemos dicho en otras ocasiones- que el diálogo entre Chile y Bolivia es asimétrico, en el entendido que nuestra nación aparece como la más desarrollada y rica. Esto es un factor demasiado determinante a la hora de casi a obligarnos a mantener abiertos los canales de comunicación.

Dependiendo de la perspectiva del lector, hay diferentes formas de aproximar el concepto de la mala salud. Para la mayoría de los lectores probablemente éste señala una condición física menoscabada, debido a una o varias enfermedades. Para otros, más proclives a explicarse las cosas desde un punto de vista científico, la mala salud representa los efectos de un sistema inmunológico deficiente y no faltarán quienes asociarán esta condición con un estilo de vida una vida desordenada y la falta de respeto por el cuerpo. Yo, por mi lado, sin pretender desconocer la validez de las aseveraciones mencionadas, me atrevería a sugerir una interpretación diferente, describiendo la mala salud desde una perspectiva más bien social.

En efecto, tal como escuchábamos hace dos o tres años respecto de la educación como un bien de consumo, el cuidado de la salud en Chile se rige por el mismo principio. Vale decir, los chilenos tenemos derecho a la salud en tanto podamos pagar por ella. Esta filosofía se traduce en inequidad e injusticia, en cuanto a la oportunidad y calidad de las prestaciones; situación que se deriva del hecho que el 42% de los médicos del país trabaja en hospitales públicos, atendiendo al 82% de la población, en tanto que la mayoría de los facultativos - un 58% para ser más exacto - se desempeña en clínicas privadas, que atienden al 18% de los chilenos. O en otras palabras, 15.700 galenos atienden a 3,6 millones de pacientes en el sistema privado, en tanto que escasos 11.300 médicos hacen lo que pueden para cuidar la salud de los 14 millones de chilenos restantes. (OCDE, 2014).

Así, dentro de este contexto, aunque parezca una simplificación extrema, no es arriesgado concluir que mientras sea el mercado el que determine la calidad de la atención médica, gran parte de la población verá menoscabado su derecho a recibir un servicio de calidad. A menos que - como se ha mencionado frecuentemente - el Estado incremente su aporte al sistema público, eliminando las listas de espera y las colas para sacar número en los hospitales.