El Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló por el caso del 6% de los recursos del FNDR por el delito de fraude al fisco y estafa.
La acción va dirigida contra el presidente del Consejo Regional, David Zapata (actual candidato a alcalde), del ex core Patricio Sierralta y los concejales de Camarones Allan Ramírez y Carla Torrico, todos pertenecientes al Partido Radical y también involucra a Erick Donaire, funcionario administrativo de Gendarmería y Carolina Acevedo, estos últimos por estafa.
Qué dice la querella
Los antecedentes de la querella señalan que el 2011 los cores Zapata y Sierralta participaron de la modificación del reglamento para la subvención del 2% del FNDR para cultura, deportes y seguridad ciudadana, para facultar al Consejo Regional a votar uno a uno los proyectos y aprobarlos sin tomar en consideración los puntajes. La acción judicial señala que ambos intervienen en la redacción de las bases del concurso y realizan el listado de proyectos elegidos desde el 2011 al 2013.
La misma querella dice que Zapata y Sierralta eligieron proyectos desde su punto de vista particular, ya sea para financiar a su partido político o porque las personas encargadas de los proyectos trabajarían en sus campañas para resultar electos nuevamente como cores en la elección pasada.
A quienes beneficIaron
Así beneficiaron a la organización Quenua, la cual presentó tres proyectos, que contó con los votos de Zapata y Sierralta. Los proyectos presentados eran de tal complejidad que dicha organización, por lo pequeña, era muy difícil que los llevara a cabo. La presidenta de Quenua es la madre de Allan Ramírez. En este caso particular, la defraudación alcanza a los $ 33.010.000.-
Por otra parte, Sierralta habría favorecido con dos proyectos a organizaciones afines a su partido: la Organización Deportiva Social Cultural San José, cuyo monto alcanzó la cifra de $ 26.780.000, y al Club Deportivo Esmeralda, presidido por Erick Donaire, quien participó activamente en la campaña de Sierralta. El Club Deportivo Esmeralda tenía pendiente una rendición anterior, lo que hace ilegal e impropio el asignarle otro proyecto sin la rendición total del que se le había aprobado anteriormente.
Participación
Para el CDE Zapata y Sierralta, el concejal Ramírez y el funcionario Donaire los dos primeros en sus calidades de cores y los dos últimos como participantes de campañas políticas, obtuvieron dineros provenientes de subsidios de proyectos mediante diversas acciones fraudulentas realizadas en la postulación y la no rendición de iniciativas del 2%.
Una parte del perjuicio para el Gobierno Regional asciende a $62.190.000, suma total de los proyectos adjudicados y no rendidos por los ejecutores Ramírez y Donaire, puesto que no hay ninguna constancia válida de que los proyectos se ejecutaron, plantea la querella que presentó el 11 de marzo el CDE.