Una investigación "extenuante, ardua y compleja". Así catalogaba hasta unos meses el Ministerio Público y la policía, las diligencias para dar con el paradero del vehículo y el conductor responsable de la muerte del ciclista Fernando González Zavala (22), la tarde del sábado 25 de abril de 2015, en Las Machas.
Ayer, y luego de 297 días, la familia y los tantos amigos del deportista respiraban un poco más tranquilos, al saber que a las 8.20 de la mañana, la SIP de la Tercera Comisaría daba con el paradero del único imputado en la muerte del joven, luego de las diligencias realizadas entre esa policía y la fiscal Érika Romero.
La detención se logró luego de varias diligencias realizadas entre la propia SIP y el Ministerio Público, que arrojaron que al momento del atropello, en que Fernando entrenaba junto a su polola, el vehículo era conducido por el funcionario de la Armada F. J. C. V. (26), mientras que el dueño del móvil se encontraba durmiendo en el asiento trasero.
Tras despertar este último minutos más tarde y consultarle a Canihuante acerca de unos daños en la parte delantera del auto, el imputado respondió que había chocado contra un tacho de la basura y que él se encargaría de aquello.
Pero fue la plumilla de un Mazda Premacy que se desprendió al momento del atropello, lo que obligó a la SIP a viajar a Talcahuano, donde había sido trasladado el vehículo y su dueño, por lo que tras las pericias del Labocar de Concepción, se determinó que la misma plumilla involucrada en el accidente de Las Machas, pertenecía al mismo Mazda.
El famoso papelito
Y si bien la investigación iba correctamente encaminada, lo que dejó más claro todo fue un papel hallado por la madre de la víctima fatal detrás de una de las fotos de Fernando, mientras ésta realizaba aseo al interior de la animita que crearon los amigos del deportista, días después de morir.
Lo concreto es que ayer, y tras ser formalizado, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva, la que si bien se opuso la defensa y el propio imputado quien negó 14 veces con la cabeza todo lo relatado, la magistrada Andrea Iligaray decretó la privación de libertad del imputado y 50 días para la investigación.