Durante la crisis asiática nuestro país abandonó el sistema de "flotación sucia" y liberó el tipo de cambio, principalmente porque la experiencia de esos años mostró que los países con tipo de cambio libre soportaron mejor la crisis de fines de los 90. En estas mismas líneas decía que el cambio era peligroso pues la volatilidad del tipo de cambio se traduciría en riesgos que, en una economía pequeña como la nuestra, podían ser desastrosos.

No sé de países que hayan logrado desarrollo industrial sin control sobre el tipo de cambio real y pasar de una política centrada en es variable a otra en que importa nada es realmente extremo.

El año 2015 parece estar dándome la razón. Las turbulencias externas han producido una volatilidad sin precedentes de la cotización del dólar, una parte importante de ella se está transfiriendo a los precios internos, aunque el efecto combinado de la baja del cobre y del petróleo es más bien neutro para las cuentas externas de Chile. Lo peor es que la esperable reacción de las exportaciones a un tipo de cambio alto, no se observa, como tampoco actividad vinculada a la sustitución de importaciones (servicios). Como comparación, la reacción de la economía a la crisis sub-prime, en 2008, fue mucho más rápida. La diferencia es la volatilidad del tipo de cambio. De hecho, una encuesta reciente de la CCS revela que el principal problema que perciben los empresarios es el tipo de cambio. Parece obvio, en mayo estábamos bajo los 600 $/US$, y en pocos meses a 715 $/US$.

El problema es que no hay coberturas accesibles, eficientes y de costo razonable. Así se hace necesario que las autoridades económicas o Corfo, elaboren un programa de seguros de cambio accesible a las pequeñas y medianas empresas. Esta cobertura les permitiría planificar e invertir en un horizonte de tiempo más largo y con menos riesgo. De hecho permitiría aprovechar la oportunidad productiva que representa el alto tipo de cambio.

Esta semana, el Gobierno dio un paso fundamental para iniciar el anunciado proceso constituyente en el país, luego de que la Presidenta Michelle Bachelet diera a conocer a los integrantes del Consejo de Observadores, cuya misión será velar por el correcto desarrollo de los diálogos ciudadanos. Estos diálogos son parte fundamental en el objetivo de recoger todas las voces ciudadanas del país, en su más amplia diversidad y representatividad, de tal forma que la nueva constitución que se proyecta tenga representatividad. Estos diálogos partirán desde el ámbito provincial hasta llegar al nivel regional, entre marzo y octubre de 2016.

Se buscó establecer un grupo de consejeros que tuvieran una representación amplia de la ciudadanía. Claramente no hay una mirada política para su estructuración, sino más bien ciudadana, con personajes del ámbito académico, artístico, cultural, social, empresarial periodístico y hasta deportivo.

Pero tras la nominación de este consejo por parte del Gobierno, que proyecta esta tarea como un tema de Estado, será importante considerar su aporte y su validez ante toda la sociedad nacional, y en especial, frente a la clase política. La misma que, a pesar del escaso respaldo ciudadano, cuestiona muchas veces este tipo de iniciativas, como de hecho, ya está ocurriendo. Quizás la prueba más reciente de este hecho, sea lo que ocurrió tras la entrega de conclusiones por parte de la llamada "Comisión Engel", el Consejo Asesor Presidencial contra la Corrupción, desde donde incluso, se criticó la falta de voluntad política para avanzar en términos de probidad en el país.

Hubo desde reparos hasta críticas a la "idoneidad" para esta instancia de Eduardo Engel, presidente de la comisión, las que fueron expuestas por el senador DC Ignacio Walker. ¿Se salvará este nuevo Consejo de Observadores de críticas y descréditos de este tipo? ¿Tendrá que verse presionado a actuar según la mirada y conveniencia de uno u otro sector?

Si el Gobierno y el Estado validan estas instancias, el país debe respetar su trabajo y no desconocerlo, como en algún momento ocurrió con la "Comisión Engel".