Nuestra región está terminando el primer semestre de 2015 encabezando la ejecución presupuestaria a nivel país. En otras palabras, Arica y Parinacota se ubica como la que mejor gasto ha hecho de los recursos que le ha entregado el Gobierno para su desarrollo en lo inmediato.

Este comportamiento dista mucho de lo que ocurría hace un año, cuando al mes de julio, nuestra región estaba entre las que mostraba la peor ejecución del presupuesto, junto a la región de Los Ríos. En aquella oportunidad, la gestión mostraba un avance de solo 39,8%.

Hoy, el gasto alcanza el 50,2%, cifra que no sólo supera la media nacional -que es del 40,4%- sino que también marcha de manera proporcional al periodo en que se deben ejecutar las platas correspondientes al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) que son entregadas por el Estado. Y así como en su momento se discutía y criticaba la gestión del presupuesto, hoy se debe destacar. Primero, porque en un año la región tuvo la capacidad de revertir dicha tendencia a retrasar el gasto, mientras que hoy la ejecución marcha a la par con el correr del año calendario. Más aún, por sobre la media nacional y en primer lugar respecto al comportamiento de otras regiones.

Uno de los principales cuestionamientos que se hizo a los retrasos que el año 2014 se registraron en este sentido, tenían que ver con la urgencia que existe en la región de una adecuada y eficaz gestión del gasto, considerando los recursos que vendrán de la mano del Plan Especial de Zonas Extremas, que dispone fondos mucho más cuantiosos que los de un FNDR para una suma de proyectos de carácter emblemático.

En estos momentos, Arica y Parinacota está comenzando a mostrar su capacidad de gestión, un hecho alentador para los desafíos que se avecinan. El camino que hoy se está recorriendo se debe consolidar, para que las metas y objetivos que se han propuesto, con el objetivo de promover el despegue definitivo de la región, se puedan cumplir.

En las últimas semanas se ha producido una interesante discusión sobre, nada menos, el tipo de política social que se debe desarrollar en nuestro país. El Ministro de Desarrollo Social empezó afirmando que el enfoque moderno, dominante y que él suscribe, es un enfoque de derechos sociales y económicos garantizados constitucionalmente.

En esa dirección se encaminaría el gobierno abandonando políticas sociales originadas en un Estado subsidiario en las que los recursos efectivamente asignados eran residuales. Se le ha objetado que el rango constitucional de ciertos derechos económicos y sociales es una forma de arbitrariedad ideológica en contra de otras opciones de política social.

La actual constitución ya define derechos básicos, pero no se entromete en la forma como cada gobierno tratará de garantizarlos. Por otro lado se ha destacado que el problema de fondo es que dichos derechos deben tener estándares mínimos claros pues, por ejemplo, el derecho a la educación no se puede confundir con la obligación a asistir a un recinto que se le denomine escuela.

Obviamente las ideas expuestas no son excluyentes, pero parece que el problema de fondo es la desconfianza hacia la gestión y no el tipo de política pública. De hecho durante la discusión del tema se perciben acuerdos en torno a políticas conceptualmente divergentes y a nadie parece inquietarle. Por ejemplo, todos aplauden la eliminación del pago del seguro de salud para los ancianos y anuncian gratuidad en el transporte y otros gastos para dicho grupo. Es una política populista, pues en la práctica la mejora de las condiciones de retiro, se le carga a Fonasa, los micreros y quizás a quiénes más. La solución obvia es que se decida políticamente cuánto y cómo se financian pensiones decentes en Chile.

Así, en realidad se discute el papel del Estado en la política social y hasta donde se puede involucrar en la vida nacional, tópicos lejanos al problema de fondo.