Han sido espectaculares las reacciones que ha producido el anuncio sobre la gratuidad en la Universidad, a partir del 2016. Desde variados sectores, en disímiles tonos y de todos los calibres. Una cosa si es cierta: hace dos años atrás esto era impensable, dado el modelo privatizador que tuvo por décadas el sistema universitario.

La discusión se centra en el destino del beneficio: solo será para las universidades del CRUCH. Sinceramente (a lo mejor mi opinión parecerá interesada pues la UTA esta en el CRUCH) yo creo que así debe ser, en una `primera instancia, hasta establecer exigencias que deben cumplir las instituciones que accedan a él.

Desde el punto de vista institucional, es muy razonable que la exigencia fundamental sea la calidad, medida hoy a través de la acreditación dictaminada por la CNA, organismo que recuperó la fiabilidad por la seriedad del trabajo realizado en el último tiempo. Cada uno de los integrantes del CRUCH tiene una acreditación que permite asegurar una calidad adecuada; esto no ocurre con todas las universidades situadas fuera de este grupo. Si pensamos entonces en calidad como exigencia se justifica, en esta primera instancia, comenzar con las Ues del CRUCH.

Asimismo, si aceptamos exigencias sobre el buen uso de los recursos públicos que llegarían a la institución (muy razonable también) se debería contar con un sistema que asegure transparencia y claridad en el control de estos, en todas las instituciones que accedan a la gratuidad. A esto solo están afectas las Ues estatales del CRUCH (por ejemplo, la Ley de Transparencia, la estricta fiscalización por la Contraloría, rendición de cuentas, etc). En consecuencia, se justifica plenamente la gratuidad en las Instituciones del CRUCH, al menos en esta primera etapa.

El capítulo más reciente de la discutida relación entre la política y los trabajos particulares fue escrito por el ahora ex ministro Secretario General de la Presidencia, Jorge Insunza, quien renunció a su cargo luego de dar cuenta de los informes que realizó para Antofagasta Minerals en 2014 cuando era presidente de la Comisión de Minería.

Si bien este caso no se relaciona con el debate y el análisis que se han generado a partir del informe entregado por el Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de interés, tráfico de influencias y corrupción, sí motivó que el Gobierno pusiera especial atención en la regulación de la actividad parlamentaria, apareciendo con fuerza el concepto de "dedicación exclusiva".

Insunza, al dejar su cargo, declaró que "hay muchos parlamentarios que no viven sólo de su dieta y tienen otros ingresos que no son explicitados", sin que diera nombre ni entregara mayores detalles. Al no acotarse, los dichos dejan una sensación en la opinión pública, de que se trata de una práctica común.

Es por eso que el vocero de Gobierno Marcelo Díaz, anunció la decisión del Ejecutivo de poner urgencia a las cerca de ocho mociones que existen, "destinadas a establecer, con claridad, la dedicación exclusiva de los parlamentarios a esa función".

No se puede desconocer la crítica visión que existe de parte de la comunidad, respecto a la actividad de los parlamentarios, el alcance de su trabajo y las dietas que reciben por dicha labor. Todo aquello confluye en la permanente exigencia ciudadana de probidad, representatividad y consecuencia, evitando cualquier conflicto de intereses.

A diferencia de muchos trabajos, al parlamento se llega -o se debería llegar- por un profundo interés propio y vocación que incluso, podrían significar la postergación de proyectos personales, en beneficio de la dedicación que la comunidad y los propios electores esperan de sus elegidos.

Al parecer, los dichos del ex ministro Insunza chocan de frente con la expectativas que el ciudadano común espera de sus parlamentarios.