Justicia penal y salidas alternativas
Muchas veces un conflicto penal puede tener una forma de término socialmente más útil que una sentencia condenatoria. Pensemos por ejemplo en delitos menores cometidos por personas sin compromiso delictual -un hurto o un manejo en estado de ebriedad cometido por una persona sin antecedentes- o casos en que un víctima le interese más ser reparada -un choque, un giro doloso de cheques- ¿Es necesario en esos casos llevar adelante la persecución penal a toda costa? ¿No existirán mayores beneficios sociales en evitar esas condenas y llegar a términos más útiles, menos gravosos y más adecuados y proporcionales a la falta cometida?
El sistema procesal penal prevé para estos casos las llamadas salidas alternativas. Se trata de causas en que está involucrado un interés preferentemente privado (acuerdos reparatorios) o se trata de casos menores en que una persona sin antecedentes penales queda sometido a ciertas condiciones por un período mínimo de un año, en que si cumple aquéllas satisfactoriamente y no es formalizado por nuevos delitos, puede ver su causa sobreseída (suspensión condicional del procedimiento). Se opta aquí por no ingresar a personas al circuito penal y su correspondiente círculo vicioso -ingreso a penales hacinados con bajas posibilidades de rehabilitación, inicio de carrera delictual, antecedentes penales que implican una estigmatización y una fuerte dificultad para reingreso a la vida laboral y por ende a la vida social normal-, lo que redunda en mayores beneficios sociales, facilitando los procesos de reinserción en su caso, y obteniendo además una reparación efectiva a las víctimas en casos que no son de gran relevancia social.
Ingresar gente a la cárcel no puede ser el único objetivo de un sistema penal. La experiencia nos demuestra que evitar el ingreso al sistema penitenciario exhibe mejores resultados, evita los efectos estigmatizantes de la pena y presenta menor tasa de reincidencia, lo que convierte a estas salidas en una mejor y más efectiva respuesta del sistema al conflicto penal.