Una semana ha transcurrido desde que la zona norte de Chile, particularmente Antofagasta y Atacama, comenzaran a sufrir los efectos de un núcleo frío en altura con características anómalas. Los ecos de la polémica surgida tras los anuncios y antecedentes meteorológicos que se manejaban antes de la catástrofe y el trabajo de la Onemi de cara a esta emergencia, aún son motivo de debate y seguramente, darán base para análisis y revisiones profundas.

Los datos dados a conocer por el meteorólogo Anthony Sagliani, de AccuWeather, uno de los proveedores de servicios meteorológicos más importantes del mundo, advertían con más de 48 horas de anticipación las características del evento que se acercaba. Y así surgió la crítica respecto a la supuesta falta de celeridad con la que los organismos oficiales podrían haber actuado, ante tan complicado escenario.

Si bien es cierto que algunas advertencias más concretas y con mayor conocimiento de la realidad geográfica e hídrica habían sido útiles para paliar efectos de los aluviones, hay problemas de fondo de los cuales una previsión a tan de corto plazo jamás podría hacerse cargo. Y esto tiene que ver con la manera en que se planifican las ciudades. El ejemplo de Diego de Almagro, El Salado y Chañaral es muy gráfico, respecto a los defectos de las construcciones cercanas o incluso, en el mismo lecho seco del antiguo cauce del río Salado. Lo mismo ocurre y ha ocurrido anteriormente en Antofagasta, donde el caso del aluvión de 1991 aún está en la memoria de miles de vecinos, pero aun así, no fue suficiente para recoger lecciones de fondo no sólo en esta comuna, sino que en otras.

Entre ellas, está Copiapó, que se caracteriza por ser una de las comunas del país con mayor proporción de campamentos, muchos de ellos emplazados en peligrosas quebradas con riesgo aluvional. Incluso, no son pocas las caletas en el norte que se encuentra en una situación similar a la de Chañaral.

Sin duda que la catástrofe debe mover a una revisión de los emplazamientos urbanos y sus condiciones. Es una manera realmente efectiva y a largo plazo para prevenir.

La semana pasada fue compleja. Fueron días donde nuevamente la naturaleza puso a prueba a la región y al país, momento donde miles de compatriotas sufrieron los embates de la lluvia; mientras a nivel local estuvimos desconectados y el día previo a oscuras.

Bastó que lloviera más allá de lo acostumbrado en la región de Atacama para que se cortara una fibra óptica y todo el norte grande quedara sin sistema, aislado, sin comunicación, dejando un país dividido.

Nos dimos cuenta que no podíamos pagar con tarjeta y que pocos portan efectivo; notamos que no podíamos comprar ni vender, ni siquiera cobrar un cheque; vimos que nuestros notebooks y teléfonos celulares no servían. Cada uno de los ariqueños convivió con la terrible sensación de la indefensión total, esa que pocas veces en la vida percibimos.

Por supuesto que no se puede culpar a la autoridad por la lluvia, pero sí se puede cuestionar su capacidad de afrontar estas crisis, dudar si nuestro gobierno está preparado para afrontar las necesidades de un país que de norte a sur históricamente está marcado por la emergencia (por volcanes, temporales y terremotos).

A lo anterior hay que agregar que Chile es un país extremadamente centralizado, con una autoridad local que no tiene la autonomía para tomar verdaderas medidas en beneficio de la comunidad, que no tiene libertad para disponer de recursos de emergencia, donde falta una planificación a largo plazo, según las particularidades de cada región.

Hoy una fuerte lluvia o un gran sismo es suficiente para provocar la desconexión total, para paralizar un país y eso es un lujo que no nos podemos dar. Felizmente parece que pasó lo peor, pero lo que vivimos fue demasiado difícil, una historia que nos recordó que todavía nos falta mucho para garantizar la seguridad y bienestar de todos los chilenos.