Por el delito de fraude al fisco fue formalizado ayer, el empresario Jorge Soto Correa, quien el 2011 se adjudicó el proyecto Umbral Parque Centenario más conocido como Parque Acuático, obra que hasta la fecha sigue con los trabajos paralizados. Para la Fiscalía, Soto dejó un perjuicio que alcanzaría los 471 millones 456 mil pesos.
Antecedentes
El fiscal Francisco Ganga expuso al Tribunal que el 11 de marzo de 2011, la Municipalidad de Arica adjudicó a la constructora Andalién la propuesta pública número 52 de ejecución del contrato para la reposición del parque centenario, fijándose un plazo de ejecución de las obras de 400 días. Sin embargo, la firma no habría logrado cumplir con las etapas de avance ni especificaciones técnicas. A raíz de ello, con fecha 11 de mayo de 2012, se dio término anticipado al contrato.
Por otro lado, el fiscal señaló que la empresa habría presentado información falsa respecto a los profesionales contratados por la firma que trabajarían en la obra, así como antecedentes adulterados que aseguraban la solvencia económica de la empresa a la hora de postular a la licitación.
"En la audiencia señalamos que hay engaño respecto a la posición económica que presentó la empresa al momento de postular, que también hay engaño respecto del staff de profesionales que se decía formaban parte de la empresa y que en un aspecto técnico se detectó diferencias en cuanto a la ejecución de la obra respecto a lo que se pagó. Se cuantificó en términos porcentuales y a través de un análisis pericial contable se estableció el perjuicio al fisco", expresó el Fiscal Francisco Ganga.
El persecutor informó que se pagaron dineros con informes que daban a conocer que las obras estaban ejecutadas en un 100%, sin embargo el análisis pericial estableció que existieron pagos por obras que tenían un 0% de avance.
Agregó que el informe de la comisión liquidadora estableció que a la fecha en que se pone término anticipado al contrato el porcentaje de avance era muy poco. "La empresa tenía un plazo de 400 días para culminar el trabajo y cuando se cumplieron los 378 días había un 30% de ejecución de la obra. Eso demuestra la incapacidad técnica que tenía la empresa para ejecutar la obra y también los problemas económicos que fueron de público conocimiento como la paralización de los trabajadores y manifestaciones de los contratistas".
Al consultar si existirán más formalizados, el fiscal dijo que es un tema que están analizando."Es una invetigación extensa, hay otras personas que van a ser evaluadas respecto si existen antecedentes suficientes para imputarle responsabilidad penal en estos hechos".
Soto Correa quedó en libertad con firma bimensual. J