Realizar el ejercicio de cotizar y comparar antes de tomar una decisión de consumo siempre será una tarea beneficiosa para el consumidor.

No obstante, algunas veces existen algunas dificultades para realizar esta acción, por ejemplo, cuando las empresas no informan los precios de sus productos y servicios.

Hay que tomar en cuenta que la información del precio es un elemento esencial, dado que suele ser uno de los criterios fundamentales que deciden la elección.

En este sentido, es importante recordar que la Ley del Consumidor establece que los consumidores tienen derecho a conocer el precio de un producto o servicio antes de comprarlo o contratarlo.

Esto quiere decir que las empresas deben informar el precio previamente, de manera destacada y visible, con los impuestos y cualquier otro concepto incluido. Además debe estar expresado en moneda nacional y se debe cobrar lo informado.

Por ende, es obligación de las empresas disponer el precio de sus productos y servicios, ya sea en vitrinas, anaqueles, estanterías o en los rótulos, a fin de asegurar un correcto conocimiento por parte de los consumidores.

Cuando sea complejo disponer los precios por cada producto, por ejemplo en las farmacias, los establecimientos deben mantener listados de precios disponibles permanentemente para el consumidor, o disponer de medios electrónicos que faciliten esta información.

De no respetarse estos derechos y el consumidor no pueda conocer anticipadamente el precio final, la empresa puede estar cometiendo una infracción al cobrar un precio superior al exhibido o anunciado.

Los consumidores deben corroborar que el precio cobrado y registrado en la boleta sea el mismo al informado previamente, de lo contrario se constituye una infracción por cobro superior al exhibido. En el caso que una empresa informe erróneamente un precio de un producto, debe responder por sus errores y corregirlos inmediatamente.

Los consumidores no tienen por qué dudar del precio informado por más barato que parezca porque en Chile hay libertad de precios y pueden existir ofertas.

Se reconoce en Arica como la primera ciudad de Chile que comenzó a trabajar en señales básicas de alerta ante un eventual tsunami. Es la misma historia de la ciudad la que ha llevado a tener una mayor conciencia y hasta un conocimiento más profundo respecto a un fenómeno de la naturaleza que lamentablemente, en nuestro país es más frecuente de lo que se quisiera.

El catastrófico terremoto y posterior maremoto que ocurrió en el centro sur de Chile el 27 de febrero de 2010, marcó un punto de inflexión respecto a la manera como el país venía enfrentando estos eventos de la naturaleza y sus efectos para la población. La necesidad de la información y la prevención quedaron más que nunca en evidencia.

Es por eso que es importante que en nuestra región haya comenzado la instalación de las alertas sonoras para emergencias de este tipo, especialmente ante la ocurrencia de un eventual tsunami. Estas se ubicarán en siete puntos del borde costero de Arica y están diseñadas de acuerdo a un alto estándar en el que destaca su capacidad de soportar sismos de hasta grado 10, además de entregar otras funcionalidades, como monitoreo meteorológico y cámaras de vigilancia.

Otro de los detalles particulares que tendrán estas alarmas es que la voz de alerta, en este caso, la da una voz femenina, con la idea de comunicar más cercanía, confianza y ayudar a evitar el pánico. Son detalles que terminan haciendo diferencias.

Pero en el fondo, es vital que la fuerte inversión de 790 millones de pesos, recursos aprobados por el Consejo Regional, termine cumpliendo el objetivo para la cual fue dispuesta. Porque a ésta se suman otras cinco alarmas correspondientes a fondos presidenciales.

Todos los recursos que pueda destinar el Estado para educar y prevenir los efectos de catástrofes tan recurrentes en nuestro país, son necesarios.

Queda en la población la responsabilidad, también, de cuidar estas inversiones y contribuir a través de su autocuidado, información y preparación.