Hace más de una década, el Consejo Nacional para la Regionalización y Descentralización de Chile (Conarede) inició un intenso trabajo buscando comprometer al mundo político con el desarrollo de las regiones del país. En 1998, organizó la primera Cumbre de las Regiones, con la participación de más de 500 líderes para debatir los caminos que permitieran construir un país más equilibrado.

El camino recorrido ha sido largo y encontró en el actual Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, una nueva voluntad que se plasmó en abril con la nominación de los integrantes que dieron vida a la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y el Desarrollo Regional, que es encabezada por Esteban Valenzuela, ex parlamentario y presidente de la Comisión de Descentralización del programa de la Presidenta Bachelet , junto al vicepresidente Heinrich Von Baer, líder de la Conarede.

Fue esta comisión la que entregó, tras un trabajo de seis meses, las 70 propuestas para avanzar a un país no sólo más descentralizado, sino que también uno en donde las regiones tengan más y mejores oportunidades para su desarrollo. La meta es entregar a fin de año el proyecto de reforma constitucional que sustente las propuestas de descentralización, entre las que destaca la elección popular de los intendentes.

Si bien es una de las señales más importantes para dar más fuerza y vida a las regiones, hay una serie de otras iniciativas, desde lo político, pasando por el empoderamiento económico y el traspaso de competencias desde el ámbito central al sector público regional.

A siete años de que Arica pasara a ser región, hoy se abre un nuevo camino de posibilidades, para proyectar su crecimiento y su desarrollo. Y nuevamente, parte importante de aquella responsabilidad está en cada uno de los actores de Arica y Parinacota, desde sus autoridades y líderes, hasta sus más anónimos vecinos.

El Gobierno está comenzando a entregar las herramientas para descentralizar. Ahora, hay que aprovecharlas, tener convicción local y avanzar.

Muchas veces, al enfrentar y analizar el fenómeno delictivo, nos encontramos con una situación de consumo problemático de drogas como causa principal de un hecho cometido. El autor del delito es una persona enferma involucrada en la comisión de éste por las particulares condiciones en que se encuentra, que suelen estar ligadas a la necesidad de consumo y de procurarse los medios para pagarlo, o bien situaciones de violencia o pérdida de control debido al efecto producido por el consumo abusivo de sustancias. En ambos casos, la respuesta penal sancionatoria, especialmente si se trata de cárcel, no es la más adecuada y más bien agrava el problema, dada la realidad del deficiente y sobrepoblado sistema carcelario chileno.

Estos casos, para los cuales antiguamente el sistema no tenía respuesta, pueden ser hoy integrados al sistema de los tribunales de tratamiento de drogas, o TTD. En estos, se abandona la lógica adversaria de nuestro sistema procesal penal, sustituyéndola por una terapia, en la que los intervinientes, juez, fiscal y defensor, juegan un rol importantísimo. La causa ingresa al sistema de la suspensión condicional del procedimiento (no puede por ello tratarse de delitos especialmente graves, ni ser imputados con antecedentes penales) en que necesariamente la condición a cumplir es someterse a un tratamiento para la adicción que llevó a cometer el delito. Los casos son previamente objeto de una rigurosa selección por parte de profesionales del área del trabajo social y la sicología, a fin de asegurarse que sus características hagan aconsejable y viable esta saluda alternativa. Los avances en el tratamiento son controlados periódicamente en audiencias con los intervinientes, y de resultar exitoso la causa puede ser sobreseída definitivamente, evitando la condena penal y ofreciendo una alternativa valiosa a la persona para superar su adicción y poder retornar a la sociedad.

En nuestra ciudad hemos tenido experiencias favorables, habiendo egresado exitosamente los primeros sujetos a tratamiento. El esfuerzo ha valido la pena, otorgándonos además a todos los participantes la satisfacción de ofrecer una verdadera opción de reinserción social a la persona involucrada.