Chile es un país donde opera el mercado y para que funcione como tal y de acuerdo a sus principios iniciales, se necesita que la libre competencia esté garantizada. En este caso, cobran relevancia valores fundamentales, que en ejercicio permitirían evitar fraudes, hacer uso de la coerción, ocultar o aprovechar información, o manipular actores del sistema en beneficio de unos pocos.

Recientemente, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en Chile (TDLC) aplicó sanciones históricas a tres empresas productoras de carne de ave, en el llamado "caso pollos". El fiscal nacional económico, Felipe Irarrázabal, destacó la determinación, ante lo que llamó el cartel más grande que se haya disuelto en la historia de este tribunal. La multa por US$ 60 millones sancionó así la colusión de las empresas involucradas, que de acuerdo a la investigación del TDLC, acordaron limitar la producción de carne de pollo ofrecida al mercado nacional y asignándose cuotas en el mercado de producción y comercialización de dicho producto.

Si bien se trata de un fallo apelable -de hecho, una de las empresas anunció oficialmente que lo hará, enfatizando su inocencia- no deja de llamar la atención el impacto y rechazo transversal que ha provocado en el país la investigación y el castigo que se ha impuesto.

El caso pone en relieve nuevamente la importancia del resguardo de los consumidores, del ciudadano común, que en diferentes ocasiones se ha visto perjudicado por decisiones comerciales de grandes empresas. Basta recordar casos como los de las farmacias o episodios en el retail.

En estos momentos, el Estado se encuentra trabajando en un proyecto de ley que endurezca las penas por delitos económicos, respecto al cual el Ministerio de Hacienda coordinará la mesa técnica. El objetivo es evitar que episodios como los que ha conocido el país se repitan, junto con superar la sensación de impunidad y devolver la confianza en un sistema que en ocasiones, ha sido mal utilizado.

Hay momentos en la historia de toda ciudad que marcan su destino para siempre. Es precisamente la realidad que hoy enfrenta Arica respecto a cuál será el destino de las 11 hectáreas que forman parte de la ex Maestranza, sitio que desde hace años había asomado como el lugar ideal para un centro cívico que concentre a los servicios públicos.

Este espacio goza de características excepcionales: es una gran extensión de terreno, posee una ubicación estratégica como el centro geográfico de la ciudad y una conectividad fantástica que la postulan para recibir un proyecto de magnitud regional que cambie y marque para siempre el desarrollo de la urbe.

Por eso, creemos que todavía es tiempo de impedir que este sitio privilegiado se convierta en un centro de almacenaje para los contenedores de carga desde y hacia el puerto, para así construir un barrio cívico o, quizás, el gran museo de la Cultura Chinchorro, o un parque temático; eso sí, aprovechando este terreno de la mejor manera y no sólo como un depósito.

Si la ex Maestranza se convierte en el centro cívico transformaría Arica, recuperando un sitio histórico que reuniría a los servicios públicos en un solo lugar para la comodidad de toda la ciudadanía; de paso descentralizando la urbe y equilibrando la carga que existe en los alrededores del casco antiguo.

Es por eso que creemos en la idea de una consulta ciudadana para saber qué opinan y quieren los ariqueños en un espacio de tal magnitud; lo que permitiría agregar un argumento sólido para gestionar el apoyo para, a lo menos, asegurar el futuro de este terreno con miras al próximo año.

Finalmente, hacer un llamado a la autoridad y a la comunidad para velar por el desarrollo de la región; además esperamos que tanto EFE como el Puerto hagan el esfuerzo para encontrar un lugar diferente para los contenedores, como por ejemplo el puerto seco que está en Lluta. Estamos seguros que con un poco de voluntad podremos construir una mejor ciudad, más cómoda y amigable. El futuro se decide ahora.