El 21 de enero de 2013, falleció trágicamente la pequeña Emilia Silva. Tenía nueve meses de vida, cuando un conductor que guiaba ebrio su vehículo, impactó por la parte posterior el automóvil de sus padres. Ella viajaba en su silla en el asiento trasero y el impacto fue tan potente, que la menor no resistió las lesiones y falleció.

Sus padres, entonces, iniciaron una campaña que buscó terminar con las bajas penas e incluso, la impunidad que gira en torno a las muertes y lesiones ocasionadas en el tránsito, a causa de la ingesta de alcohol. Sus esfuerzos culminaron esta semana con el despacho de la llamada 'Ley Emilia', la que endurece significativamente las penas para los causantes de este tipo de accidentes.

A inicios de 2014, el Gobierno destacó la disminución del 28% de fallecidos en accidentes durante el año pasado, lo que significó el descenso más importante en los últimos 12 años, tras la aplicación de la Ley Tolerancia Cero Alcohol, en uno de los esfuerzos más importantes realizados por el país.

Sin embargo, casos como los de Emilia, u otros similares en los que se registran atropellos o choques que cuestan la vida a terceros, siguen ocurriendo. Basta recordar lo que pasó hace sólo unos días en Antofagasta, cuando el choque en que se vio involucrado un conductor que guiaba su vehículo bajo la influencia del alcohol, derivó en que una trabajadora del aseo fuera arrollada y perdiera la vida.

La Ley Emilia será drástica. Buscará sacar efectivamente a los ebrios de las calles, a través de condenas severas y ejemplares. Básicamente, se aplicará penas de cárcel de 3 años y 1 día a 10 años, sin la opción de aplicar medidas atenuantes para quienes provoquen lesiones o causen la muerte de una persona en accidentes de tránsito, habiendo consumido alcohol. Están presentes las agravantes de huir del sitio del suceso sin prestar asistencia, la reincidencia o en el caso de un conductor profesional.

Se espera que de esta forma, salga definitivamente de las calles la costumbre de manejar y consumir alcohol.

La Fiscalía de Chile tiene como uno de sus ejes de acción la mejora constante de la adecuada coordinación interinstitucional; es decir, contribuir desde nuestra función constitucional con el conjunto de políticas públicas que el Estado despliega en beneficio de la seguridad y la justicia en el país.

Esta función es de mayor importancia en relación con los órganos auxiliares directos del Ministerio Público -como lo son Carabineros y la Policía de Investigaciones de Chile- además de otros estamentos del Estado.

Ello es relevante por el rol que detenta la policía en las investigaciones penales: llevan a cabo las diligencias de investigación de hechos constitutivos de delitos bajo la dirección del Fiscal, prestan auxilio a la víctima, realizan detenciones en flagrancia y participan como testigos en el juicio oral, entre otras funciones.

Como ejemplo de iniciativas en esta materia podemos mencionar el Proyecto de Análisis de Informes Policiales (STAD Investigativo), en que la Fiscalía suscribió un convenio con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Carabineros y la PDI para desarrollar un proyecto que promueve la mejora continua de la calidad de los informes que elaboran y remiten las policías a las Fiscalías del país.

Asimismo, para la Fiscalía es fundamental seguir avanzando en la definición de indicadores comunes de gestión con las policías, en que los logros de ambas instituciones se midan en resultados que trasciendan las primeras diligencias de una investigación.

A nivel regional, la Fiscalía ha plasmado su absoluta voluntad de trabajo conjunto mediante la realización de capacitaciones a las policías, reuniones de coordinación periódicas, y esperamos en el futuro avanzar hacia la construcción de un lenguaje común en la investigación criminal, que trasciende la lógica del caso categorizado como 'policialmente resuelto' y permite generar una nueva filosofía de co-responsabilidad en la consecución de los objetivos propios del sistema de justicia criminal.

El 21 de enero de 2013, falleció trágicamente la pequeña Emilia Silva. Tenía nueve meses de vida, cuando un conductor que guiaba ebrio su vehículo, impactó por la parte posterior el automóvil de sus padres. Ella viajaba en su silla en el asiento trasero y el impacto fue tan potente, que la menor no resistió las lesiones y falleció.

Sus padres, entonces, iniciaron una campaña que buscó terminar con las bajas penas e incluso, la impunidad que gira en torno a las muertes y lesiones ocasionadas en el tránsito, a causa de la ingesta de alcohol. Sus esfuerzos culminaron esta semana con el despacho de la llamada 'Ley Emilia', la que endurece significativamente las penas para los causantes de este tipo de accidentes.

A inicios de 2014, el Gobierno destacó la disminución del 28% de fallecidos en accidentes durante el año pasado, lo que significó el descenso más importante en los últimos 12 años, tras la aplicación de la Ley Tolerancia Cero Alcohol, en uno de los esfuerzos más importantes realizados por el país.

Sin embargo, casos como los de Emilia, u otros similares en los que se registran atropellos o choques que cuestan la vida a terceros, siguen ocurriendo. Basta recordar lo que pasó hace sólo unos días en Antofagasta, cuando el choque en que se vio involucrado un conductor que guiaba su vehículo bajo la influencia del alcohol, derivó en que una trabajadora del aseo fuera arrollada y perdiera la vida.

La Ley Emilia será drástica. Buscará sacar efectivamente a los ebrios de las calles, a través de condenas severas y ejemplares. Básicamente, se aplicará penas de cárcel de 3 años y 1 día a 10 años, sin la opción de aplicar medidas atenuantes para quienes provoquen lesiones o causen la muerte de una persona en accidentes de tránsito, habiendo consumido alcohol. Están presentes las agravantes de huir del sitio del suceso sin prestar asistencia, la reincidencia o en el caso de un conductor profesional.

Se espera que de esta forma, salga definitivamente de las calles la costumbre de manejar y consumir alcohol.

La Fiscalía de Chile tiene como uno de sus ejes de acción la mejora constante de la adecuada coordinación interinstitucional; es decir, contribuir desde nuestra función constitucional con el conjunto de políticas públicas que el Estado despliega en beneficio de la seguridad y la justicia en el país.

Esta función es de mayor importancia en relación con los órganos auxiliares directos del Ministerio Público -como lo son Carabineros y la Policía de Investigaciones de Chile- además de otros estamentos del Estado.

Ello es relevante por el rol que detenta la policía en las investigaciones penales: llevan a cabo las diligencias de investigación de hechos constitutivos de delitos bajo la dirección del Fiscal, prestan auxilio a la víctima, realizan detenciones en flagrancia y participan como testigos en el juicio oral, entre otras funciones.

Como ejemplo de iniciativas en esta materia podemos mencionar el Proyecto de Análisis de Informes Policiales (STAD Investigativo), en que la Fiscalía suscribió un convenio con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Carabineros y la PDI para desarrollar un proyecto que promueve la mejora continua de la calidad de los informes que elaboran y remiten las policías a las Fiscalías del país.

Asimismo, para la Fiscalía es fundamental seguir avanzando en la definición de indicadores comunes de gestión con las policías, en que los logros de ambas instituciones se midan en resultados que trasciendan las primeras diligencias de una investigación.

A nivel regional, la Fiscalía ha plasmado su absoluta voluntad de trabajo conjunto mediante la realización de capacitaciones a las policías, reuniones de coordinación periódicas, y esperamos en el futuro avanzar hacia la construcción de un lenguaje común en la investigación criminal, que trasciende la lógica del caso categorizado como 'policialmente resuelto' y permite generar una nueva filosofía de co-responsabilidad en la consecución de los objetivos propios del sistema de justicia criminal.