'Este es uno de los episodios más tristes de nuestra ciudad y se trata de hechos numerosos y gravísimos. Hoy día esta Fiscalía pretende dar y poner a disposición de este tribunal todos los medios de prueba que dan cuenta de la comisión de estos terribles hechos que, en definitiva, han mermado la situación de Arica y han distraído recursos que eran en beneficio de nuestra comunidad hacia el bolsillo del acusado Jorge Frías'. Así lo expuso la fiscal regional, Javiera López, al inicio de su alegato de apertura en la segunda jornada del juicio oral del caso corrupción municipal.
Por cerca de 50 minutos, la fiscal expuso a los magistrados cómo se gestó, supuestamente, al interior de la Municipalidad una organización criminal que habría estado operando desde el 2004 y que estaba destinada a beneficiar al acusado Jorge Frías con la adjudicación de licitaciones públicas; como la extracción de material de cobertura del vertedero municipal y arriendo de maquinaria, además de la contratación de servicios de limpieza, sanitización y desodorización de 4.200 contenedores de basura domiciliaria, (tachos azules).
Durante el juicio, el Ministerio Público mostró un organigrama sobre cómo, según la Fiscalía, operaba la organización (Por resolución del Tribunal, no está autorizado mostrar los rostros de los ex concejales y funcionarios municipales por lo que no aparecen en el recuadro). El supuesto líder era el empresario Frías, quien habría estado por encima del propio ex alcalde Waldo Sankán. Después venía el ex concejal Javier Araya, quien habría actuado como intermediario del empresario, ya que, según la Fiscalía, Araya era el encargado de sobornar con dinero a sus pares para que votaran a favor de la renovación del contrato del Vertedero. Después venían los brazos operativos, como el ex asesor jurídico Arnaldo Salas, el ex administrador municipal Héctor Arancibia, el ex jefe de Planificación Enrique Orellana y el director de Aseo y Ornato, Fernando Vargas, quienes habrían sido los encargados de confeccionar y revisar las bases de licitación a beneficio de Frías. Posteriormente figuran Rodolfo Hernández, Manuel Terrazas y Sergio Navarro, quienes se desempeñaban como Inspectores Técnicos de Obras (ITOS) y en la Unidad Técnica Fiscalizadora (UTF). El supuesto rol de estos acusados estuvo centrado en adulterar informes de ejecución y de cumplimiento de los contratos de Frías y, por último, están los concejales María Teresa Becerra, Marcela Palza, Patricia Fernández y Eloy Zapata, cuyo supuesto rol era votar a favor de la renovación del contrato del Vertedero.
'Los servidores públicos que están como acusados hoy día, así como las personas privadas que se coludieron con ellos, atendieron a intereses privados y por lo tanto se produce una desviación y una deslealtad en cuanto a la visión del funcionario público que es velar por el interés general', sostuvo la fiscal
Agregó que las interceptaciones telefónicas, así como otros medios de prueba, permitirán dar cuenta de las acciones desplegadas por los acusados para obtener beneficios personales.
Para Pablo Valenzuela, abogado particular de Waldo Sankán, su representado no benefició a ningún empresario. Explicó que la propuesta de los contenedores de basura fue aprobada cuando aún no asumía como alcalde titular y lo primero que realizó cuando llegó al municipio fue poner término a ese contrato.
Hoy continúa el juicio con la declaración de ex alcalde Waldo Sankán y del ex concejal Javier Araya. Ambos renunciaron a su derecho de guardar silencio. J