En medio de la conmemoración del Día Nacional Contra la Explotación Sexual Comercial Infantil, el Servicio Nacional de Menores (Sename) dio a conocer preocupantes cifras sobre un flagelo que atenta directamente contra los derechos de niños, niñas y adolescentes.

A nivel regional, los números del organismo establecen que durante el año 2013 se registraron 72 casos.

Se trata de una realidad que se esconde detrás de otras problemáticas sociales, pero de la que bien vale la pena debatir, sobre todo considerando que afecta a uno de los sectores más importantes y vulnerables de nuestra comunidad: los menores de edad.

Según el Sename, esta situación se transforma en 'un atropello injustificable de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, dado que transgrede en las víctimas sus derechos esenciales, tales como el derecho a crecer y desarrollarse en un contexto protector y en un ambiente de bienestar'. En esa misma línea, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relaciona estos hechos a una forma de explotación económica análoga a la esclavitud y al trabajo forzoso.

Los estudios indican que los factores que desencadenan el problema están relacionados con la pobreza, la violencia intrafamiliar, las migraciones, el consumismo, el uso de las nuevas tecnologías, la droga, entre otros. Es decir, existe una serie de estímulos a los que debemos mantenernos atentos, especialmente bajo el entendido que la población en riesgo es altamente influenciable, sobre todo mientras deambule en busca de aceptación, identidad o de quienes se hagan cargo de su necesidad de afecto.

Es indispensable, entonces, potenciar la comunicación al interior del núcleo familiar y buscar herramientas que permitan desarrollar el mismo proceso en las instituciones sociales que abordan problemáticas infanto-juveniles.

Junto a ello, tenemos la obligación de denunciar situaciones que podrían estar vinculadas con esta explotación; siendo este último punto una responsabilidad que debemos asumir entre todos.