Cubrirse el rostro con las manos y agachar su cabeza, fue la reacción del ex alcalde Waldo Sankán, al momento de conocer que deberá permanecer privado de libertad en la Cárcel de Acha hasta el inicio del juicio oral (1 de agosto), luego que los jueces del Tribunal Oral rechazaran la solicitud de su defensa, en orden a sustituir esa medida cautelar por la de arresto domiciliario total.
Ayer, durante la audiencia, el argumento que utilizó el abogado defensor Alejandro Cox fue que se está vulnerando a su representado el principio de ser juzgado en un plazo razonable, ya que Sankán va a cumplir tres años privado de libertad.
El fiscal Carlos Eltit se opuso a la solicitud y expuso que todas las postergaciones del juicio fueron promovidas por la defensa y, especialmente, por el abogado de Sankán.
'Parece a todas luces contradictorio, incluso una maniobra pensada para obtener la libertad del señor Sankán, extender el plazo del juicio', planteó el fiscal. Agregó que fue el propio imputado quien se puso en esta situación, 'el Tribunal no puede ser un instrumento del propio imputado, es más, fue Sankán quien señaló que estaba dispuesto esperar la cantidad de veces que fuera necesario a su abogado', expresó el fiscal.
Recordó que como Fiscalía presentaron la acusación de la investigación el 23 de agosto del 2013. Y ahí aparecieron las diversas dilaciones planteadas por la propia defensa del ex alcalde (6 instancias de postergación).
'El argumento de la defensa respecto al excesivo tiempo del juicio fue propiciado por ellos mismos, ya que han pedido distintas fechas y postergaciones, por ello consideramos que es contradictorio que estén reclamando que el juicio se está demorando mucho y que se está afectando la libertad de su representado, si ellos mismos han pedido el cambio en la fecha del juicio por tanto tiempo', explicó Eltit.
En la investigación de la Fiscalía, Sankán es considerado uno de los líderes de una organización criminal que habría operado al interior de la Municipalidad de Arica para beneficiar a empresarios en la adjudicación de propuestas a cambio de coimas, causando un perjuicio que alcanzaría los 3 mil 600 millones de pesos.
El ex alcalde se encuentra acusado por delitos como asociación ilícita, lavado de activos , fraude al fisco y nombramiento ilegal. J