La Fiscalía Regional de Arica y Parinacota formuló acusación en contra de los siete imputados del caso drogas (cuatro ex funcionarios del OS-7 de Carabineros y tres civiles), por su presunta responsabilidad en delitos de tráfico, asociación ilícita, falsificación instrumental e infracción al artículo 229 del Código Penal; esto es no haber detenido a un condenado que registraba quebrantamiento de condena (en el caso de los ex uniformados).
Tras el cierre de la investigación registrado el pasado miércoles 7 de mayo, el Ministerio Público solicitó penas que en total suman 164 años de presidio para todos los acusados.
En el líbelo acusatorio -que consta de 85 páginas- se solicitan penas de 40 años de presidio y multas para los ex oficiales V.R.H y L.V.S (mayor y capitán, respectivamente), tras ser acusados de todos los delitos (dos casos de tráfico de droga, asociación ilícita para el tráfico, falsificación instrumental e infracción al artículo 229 del Código Penal). Asimismo, para el ex funcionario policial N.G.S. se pide una pena de 23 años por un tráfico de drogas y los otros tres ilícitos. Para el ex funcionario del OS-7 F.V.F., se solicitan 25 años de presidio tras ser acusado de dos casos de tráfico de drogas, falsificación instrumental e infracción al artículo 229. Mientras que en el caso de los civiles se solicitan penas que suman 36 años de cárcel por su responsabilidad solo en delitos de tráfico.
En el marco de esta indagatoria, el Ministerio Público de Arica y Parinacota ofreció distintas evidencias. Entre ellas se cuentan unos 160 testigos, además de 20 peritos (mecánicos, químico laboratorista, contables y analistas informáticos, entre otros). Asimismo se adjuntan diversos documentos, como partes policiales falsificados y análisis de correos electrónicos, con los cuales se pretende acreditar cada uno de los delitos investigados.
De acuerdo a la investigación de la Fiscalía, los ex funcionarios policiales habrían planificado en dos oportunidades durante el 2013 la internación de dos grandes cargamentos de droga a nuestro país para posteriormente montar procedimientos de incautación flagrantes y con apariencia de legalidad en la frontera. Asimismo, la indagatoria estableció la elaboración de partes policiales falsos y el uso de entregas controladas de droga sin la autorización del Ministerio Público. J