El 27 de febrero de 2010 el país enfrentó una de las peores catástrofes de su historia. Un devastador terremoto con epicentro en la localidad de Cobquecura, Región Bío Bío, provocó numerosos daños en la zona centro y sur del país, causando la muerte y desaparición de cientos de personas.

El movimiento telúrico, que alcanzó los 8,8 grados, fue catalogado como uno de los más destructivos en la historia del planeta y provocó pérdidas estimadas en 30 mil millones de dólares, además de 222.148 viviendas afectadas y dos millones de damnificados. Sin duda un escenario impactante y lleno de dolor.

Junto a las labores de reconstrucción, el país se vio enfrentado al desafío de la prevención, un concepto que para muchos era considerado como alarmista, pero que a partir de aquel 27 de febrero fue tomando más fuerza, sobre todo en el Norte Grande, territorio que a juicio de los expertos presenta altas probabilidades de registrar un evento de similares características.

En ese contexto, la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) ha organizado una serie de acciones enmarcadas en el ámbito de la prevención. Para ello se han materializado grandes simulacros y otras medidas que buscan concientizar y proveer a la población de herramientas que permitan, sobre todo, resguardar la vida.

Considerando lo ocurrido en el sur, también es indispensable realizar una minuciosa revisión del plano regulador de Arica, especialmente en lo relacionado con la construcción en el sector costero, zona que desde hace ya varios año exhibe un importante desarrollo inmobiliario y que se visualiza como de alta vulnerabilidad ante la ocurrencia de un tsunami.

Pese a que ya han transcurrido cuatro años desde el denominado "27-F", Chile no puede olvidar lo ocurrido en las localidades del centro y sur del país, toda vez que se trata de una de las experiencias más complejas que ha enfrentado el país y que, por consiguiente, debe llamarnos a un constante proceso de reflexión y de análisis.