El Ministerio Público anunció que otorgará un nuevo cupo de fiscal para la región de Arica y Parinacota. Si bien se trata de una medida excepcional, el nombramiento responde a la evidente sobrecarga que está registrando un organismo que, además de atender a las cotidianas demandas de la ciudadanía, ha debido enfrentar sendas investigaciones relacionadas con delitos de corrupción, lavado de dinero y asociación ilícita, entre otros ilícitos que han dañado profundamente la confianza de los ariqueños.

Según la última cuenta pública, durante el año 2013 ingresaron 21.828 denuncias, lo que considera una disminución de 1,78 por ciento respecto al periodo anterior. Sin embargo, la cifra mantiene el incremento acumulado desde la creación de la Fiscalía Regional (en octubre de 2007), el que alcanza al 49,69 por ciento. A esto se suma el alto número de audiencias orales que han enfrentado los fiscales adjuntos, quienes promedian 30,77 juicios al año, lo que se aparta considerablemente de la media nacional, que sólo llega a los 13,86.

Cuando se implementó la Reforma Procesal Penal, hace más de una década, el contexto local era distinto. En el plano administrativo Arica y Parinacota eran provincias dependientes de la Región de Tarapacá y la población bordeaba los 180 mil habitantes. Hoy por hoy la situación política y administrativa responde a otro escenario y según el último censo ya residen en la región más de 210 mil habitantes, lo que en términos simples representa una mayor carga laboral para los organismos encargados de la aplicación de justicia. A estos se suma que durante el paso de la década se han sumado nuevas leyes que involucran el ejercicio de las instituciones que operan en este ámbito.

En ese sentido, es indispensable buscar fórmulas que permitan descongestionar el sistema y dar respuesta a las expectativas de una comunidad que demanda una correcta aplicación de la ley, factor fundamental para mantener una adecuada y sana convivencia social.