La Corte Suprema concluyó, en una sentencia dictada en diciembre, que el aumento que las isapres aplicaron al precio que cobran por las prestaciones Auge no es ilegal ni arbitrario, por lo que no vulnera garantías constitucionales. Inéditamente, el máximo tribunal dio a conocer la semana pasada un comunicado en que explica el razonamiento de los magistrados.

De acuerdo con éste, las prestaciones vinculadas con las patologías del Auge -determinadas a su vez por el Ministerio de Salud- deben ser proporcionadas por las isapres y Fonasa, sin discriminación ni restricción alguna. Según los magistrados, al existir la obligación de extender la cobertura, con el gasto consiguiente que eso implica, se hace necesario fijar un nuevo precio. Las alzas registradas estarían además avaladas por un estudio técnico de costos encargado por el Ministerio de Salud.

La resolución se hace conocida cuando falta poco para que en marzo, y de acuerdo con la ley, cada isapre deba informar el guarismo de ajuste que aplicará a los precios de los planes de salud para todos sus beneficiarios en el período 2014-2015. Con el mismo criterio seguido por los jueces, surge la alternativa de que las autoridades de Salud encarguen estudios técnicos independientes, para evaluar las modificaciones de los costos que la medicina sufre año a año producto del envejecimiento de la población, el desarrollo tecnológico y la mayor demanda espontánea de prestaciones. Las isapres, tal como ocurre con el Auge, deben proporcionar como mínimo las mismas coberturas que entrega Fonasa en libre elección, por lo que también hay aquí una base de obligación. Aplicar en este ámbito una fórmula que siga el criterio establecido por la Corte Suprema podría evitar volver a ver a los tribunales atochados de recursos, en un proceso de judicialización que se ha vuelto un negocio millonario.

Hay quienes señalan que no sería conveniente que el Ministerio de Salud entregara indicadores de costos del sistema privado, pues dichos estudios estarían influenciados por la integración vertical que existe en la industria. No obstante, un estudio de la propia Superintendencia de Salud demuestra que sólo el 19% de los gastos de las isapres se destina a financiar prestaciones médicas en los establecimientos ligados a través de holdings, lo que debilita esta objeción.