lUn choque entre dos buses en el sector de Chungará, ocurrido en horas de la tarde de ayer, dejó a cuatro personas con heridas leves, tres bolivianos y un chileno.
Todos los involucrados fueron derivados hasta el hospital Doctor Juan Noé, donde recibieron las primeras atenciones.
Las causas del accidente son investigadas por personal de Carabineros, presumiéndose que los conductores no estaban atentos a las condiciones del tránsito. J
l Un recurso de amparo en la Corte de Apelaciones de Arica presentó ayer el ex fiscal Alejandro Peña, abogado defensor de los tres Carabineros de OS-7 que se encuentran privados de libertad.
"Acudimos a la Ilustrísima Corte a fin de solicitar su auxilio en esta investigación, por cuanto amparados oficiales de Carabineros y el funcionario de OS-7, se encuentran a nuestro juicio en forma injusta y arbitraria al régimen de prisión preventiva. Estamos solicitando que se disponga de inmediato su libertad", planteó Peña.
Los tres funcionarios policiales: Nelson Gavilán Santos, Leonardo Vílchez Sepúlveda y Víctor Rodríguez Huerta, están privados de libertad desde el 25 de noviembre, luego de ser formalizados por el Ministerio Público por tráfico de drogas y asociación ilícita.
Al consultar al abogado en qué se va a centrar sus alegatos en la Corte para que sus representados recuperen su libertad, manifestó que no puede adelantar nada hasta la fecha que se programe la audiencia. Espera que sea revisado la próxima semana.
De acuerdo a los antecedentes de la investigación, los funcionarios policiales habrían planificado la internación de dos grandes cargamentos de droga a nuestro país para posteriormente montar procedimientos de incautación flagrantes y con apariencia de legalidad en la frontera.
El primero de los procedimientos se registró el 5 de agosto y el segundo el 9 de septiembre, cuando se detectaron 814 kilos de marihuana. J
lUn choque entre dos buses en el sector de Chungará ocurrido en horas de la tarde de ayer dejó a cuatro personas con heridas leves, tres bolivianos y un chileno.
Todos los involucrados fueron derivados hasta el hospital Dr. Juan Noé, donde recibieron las primeras atenciones.
Las causas del accidente son investigadas por personal de Carabineros, presumiéndose que los conductores no estaban atentos a las condiciones del tránsito. J
La Defensa planteó que Carabineros involucró a sus representados.
"Papito tu no eres traficante y sabemos que eres inocente", gritó al final de la audiencia de revisión de cautelar, la hija de uno de los imputados por el denominado caso OS7. Este respondió entre lágrimas, "ellos también lo saben".
Ayer, el Tribunal de Garantía rechazó la solicitud de libertad provisional requerida por la defensa y resolvió mantener la prisión preventiva a dos de los seis imputados por esta investigación. Se trata de los camioneros de iniciales L.G F., y F.S.R., quienes fueron detenidos por su responsabilidad en el ingreso a nuestro país de 814 kilos de marihuana, registrado en septiembre pasado en el Complejo Fronterizo de Chungará.
En este caso, además, se encuentran formalizados cuatro funcionarios de carabineros de la Sección OS-7 de Arica, en calidad de autores de tráfico de drogas y asociación ilícita. Tres de ellos también permanecen en prisión preventiva, mientras que un efectivo policial se encuentra en libertad.
Carlos Opazo abogado de L.G.F y F.S.R , como prueba para acreditar la inocencia de sus representados, presentó 3 escuchas telefónicas y varios documentos, entre ellos una ficha de registros de informantes, con nombres emanados por la PDI al Ministerio Público, con fecha 2 de diciembre del 2013 (un día antes de la formalización) donde aparecen los nombres de sus representados.
"En la declaración que realizó F.S.R a la Fiscalía, señala que hace 8 años que es informante y que el año 2004 realizó un traslado de drogas a Concepción, y en esa época empieza aparecer el nombre del señor Gavilán (policía formalizado). Mi representado señaló que lo trasladó como copiloto", expuso Opazo.
También explicó que su representado en un periodo , no estuvo incluido en la ficha de informante, sin embargo, el 18 de julio de este año, un documento da a conocer lo siguiente: "Procede dejar constancia la reactivación del informante F.S.R". Con este informe Opazo explicó que su defendido está reclutado con toda la ley y se mantiene activo en la Sesión de OS7.
Otro documento que mostró el abogado fue el oficio número 014, con fecha 26 de julio 2013, donde la fiscal regional, Javiera López le señala al funcionario policial Víctor Rodríguez Huerta (otro policía formalizado) lo siguiente: "se determinó no autorizar la diligencia internacional a Santa Cruz, Bolivia, para la cual se solicitaba autorizar para su traslado, al capitán Leonardo Vilchez".
Para Carlos Opazo, sus defendidos desconocían que había detrás de su contratación como camioneros. "Ellos nunca conocieron qué hacían las policías. Quién organizó el viaje fue de mala fe, teniendo conocimiento que no fueron autorizados en julio por el Ministerio Público. A ellos no les importó y siguieron adelante con su plan", expuso ante el Tribunal.
El abogado también planteó que sus representados suscribieron un contrato de arriendo del camión, el 25 de marzo de este año con el capitán Vilchez para trasladar la droga a Santa Cruz. Le iban a pagar 4 millones de pesos, pero según el abogado, nunca fueron cancelados esos servicios.
Por su parte, la fiscal Javiera López durante la audiencia, aclaró que sí recibieron dinero por arriendo del vehículo. Figura un depósito de 3 mil dólares. También dijo que ambos imputados, sí conocían de los planes de los policías, ya que una vez que se reactivó su condición de informante, ya registraban salidas a Bolivia. En ese mismo sentido, dijo que al solicitar a Carabineros copias de autorización de fiscales para aprobar la figura de informantes, cuando éstos remiten la respuesta, no logran encontrar ninguna copia que lo acredite.
La fiscal solicitó rechazar la petición de la defensa con el argumento que jamás se autorizó la participación de ambos imputados en calidad de informantes de la policía.
El juez Sergio Alvarez, tras analizar los antecedentes mantuvo la prisión preventiva de LGF y F.S.R. J
l En la Playa "El Laucho", Carabineros presentó los servicios y contingente policial que velará por la seguridad de pobladores y turistas, con motivo de las festividades de fin de año y el verano 2014. La actividad fue presidida por el jefe de Zona, general Alberto Etcheberry. Se contó con la presencia del alcalde Salvador Urrutia, autoridades y dirigentes vecinales.
El objetivo de estos servicios, explicó el general Etcheberry, es elevar la percepción de seguridad tanto de los pobladores como de los turistas, para lo cual se han dispuesto servicios orientados también a evitar la comisión de delitos, como el robo por sorpresa o con intimidación, especialmente en el sector céntrico de la ciudad. J
La Defensa planteó que Carabineros involucró a sus representados.
"Papito, tú no eres traficante y sabemos que eres inocente", gritó al final de la audiencia de revisión de cautelar, la hija de uno de los imputados por el denominado caso OS-7. Este respondió entre lágrimas, "ellos también lo saben".
Ayer, el Tribunal de Garantía rechazó la solicitud de libertad provisional requerida por la defensa y resolvió mantener la prisión preventiva a dos de los seis imputados por esta investigación. Se trata de los camioneros de iniciales L.G F., y F.S.R., quienes fueron detenidos por su responsabilidad en el ingreso a nuestro país de 814 kilos de marihuana, registrado en septiembre pasado en el Complejo Fronterizo de Chungará.
En este caso, además, se encuentran formalizados cuatro funcionarios de carabineros de la Sección OS-7 de Arica, en calidad de autores de tráfico de drogas y asociación ilícita. Tres de ellos también permanecen en prisión preventiva, mientras que un efectivo policial se encuentra en libertad.
Carlos Opazo, abogado de L.G.F y F.S.R , presentó como prueba para acreditar la inocencia de sus representados, tres escuchas telefónicas y varios documentos, entre ellos una ficha de registros de informantes, con nombres entregados por la PDI al Ministerio Público, con fecha 2 de diciembre del 2013 (un día antes de la formalización), donde aparecen los nombres de los transportistas.
"En la declaración que realizó F.S.R a la Fiscalía, señala que hace 8 años es informante, que el año 2004 realizó un traslado de drogas a Concepción y, en esa época, empieza a aparecer el nombre del señor Gavilán (policía formalizado). Mi representado señaló que lo trasladó como copiloto", expuso Opazo.
También explicó que su representado no estuvo incluido en un periodo en la ficha de informante, sin embargo, el 18 de julio de este año, un documento dice que "procede dejar constancia la reactivación del informante F.S.R". Con este informe, Opazo explicó que su defendido está reclutado legalmente y se mantiene activo en la Sección OS-7.
Otro documento que mostró el abogado fue el oficio número 014, con fecha 26 de julio 2013, donde la fiscal regional, Javiera López, le señala al funcionario policial Víctor Rodríguez Huerta (otro policía formalizado) que "se determinó no autorizar la diligencia internacional a Santa Cruz, Bolivia, para la cual se solicitaba autorizar, para su traslado, al capitán Leonardo Vílchez".
Para Carlos Opazo, sus defendidos desconocían que había detrás de su contratación como camioneros. "Ellos nunca conocieron qué hacían las policías. Quién organizó el viaje fue de mala fe, teniendo conocimiento que no fueron autorizados en julio por el Ministerio Público. A ellos no les importó y siguieron adelante con su plan", expuso ante el Tribunal.
El abogado también planteó que sus representados suscribieron un contrato de arriendo del camión, el 25 de marzo de este año, con el capitán Vílchez para trasladar la droga a Santa Cruz. Le iban a pagar 4 millones de pesos, pero según el abogado, nunca fueron cancelados esos servicios.
Por su parte, la fiscal Javiera López, durante la audiencia, aclaró que sí recibieron dinero por el arriendo del vehículo, figurando un depósito de 3 mil dólares. También dijo que ambos imputados, sí conocían de los planes de los policías, ya que una vez que se reactivó su condición de informante, ya registraban salidas a Bolivia. En ese mismo sentido, dijo que al solicitar a Carabineros copias de autorización de fiscales para aprobar la figura de informantes, cuando éstos remiten la respuesta, no logran encontrar ninguna copia que lo acredite. La fiscal solicitó rechazar la petición de la defensa con el argumento que jamás se autorizó la participación de ambos imputados en calidad de informantes de la policía.
El juez Sergio Alvarez, tras analizar los antecedentes mantuvo la prisión preventiva de LGF y F.S.R. J