Parte del desarrollo de un país es la toma de conciencia de situaciones difíciles para ciertos grupos de personas, que en niveles más básicos se asumen sin más como desgracias que han de abordarse individual o familiarmente, o por instancias benéficas estatales o privadas. Con mayor conciencia (y recursos nacionales), van produciéndose reacciones sociales más sistémicas ante tales situaciones.

En ese marco, en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Presidente Piñera presentó una Política Nacional 2012-2020 para la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad.

El nuevo gobierno tendrá la responsabilidad de actuar con eficacia en esta materia y -no menos importante- escuchar a las personas afectadas, que requieren poder desenvolverse mejor en sus ciudades, espacios públicos, trabajos y transporte. Los esfuerzos de las instituciones especializadas por crear mayor conciencia pública sobre su importancia social han resultado insuficientes.

Las propuestas políticas en este período electoral consideran un catálogo amplio de ofertas, que contemplan la preocupación por las personas con discapacidad, desde la creación de más órganos estatales, como una subsecretaría, hasta la implementación de fondos o incentivos para la contratación de tales personas por las empresas.

Más de dos millones de personas sufren en Chile alguna discapacidad. Según la encuesta Casen 2011, de 6,9 millones de ocupados, poco más de 197 mil presentan una o varias discapacidades, y tiene trabajo sólo el 29% de ellos en edad productiva.

El Ministerio de Hacienda ha informado que el 51% de las grandes empresas no ha hecho donaciones en los últimos 7 años, lo que denota desconocimiento, falta de compromiso o de responsabilidad social empresarial.

Una iniciativa valiosa es el sello "Chile inclusivo", impulsada por el Servicio Nacional de la Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social, que identifica a las empresas e instituciones públicas y privadas que apliquen medidas para la inclusión laboral de personas con discapacidad o de accesibilidad universal. Sin embargo, menos de 20 empresas en todo el país obtuvieron ese sello.

Urge una política pública para lograr una sociedad verdaderamente inclusiva en esta materia (rasgo normal de los países desarrollados), evitando la excesiva burocracia, el paternalismo y el asistencialismo, y promoviendo la participación del Estado, de las empresas y de particulares.